La Defensoría de los Habitantes interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora y el propio Ministerio.
Ello, por hacer caso omiso ante los cuestionamientos que hizo la Defensoría sobre la ejecución de la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030”.
Desde el pasado 3 de abril la Defensoría remitió al ministro consultas sobre los resultados de la Política Nacional de Seguridad Pública, sin que a la fecha haya recibido alguna respuesta por parte de la Institución.
La Defensoría planteó varias inquietudes puntuales, a saber; “Bloque Policial para el combate del sicariato en Costa Rica”, “Operación contra el Femicidio”, “Frente de Lucha contra el Consumo de Drogas ilícitas en Costa Rica”.
Además también solicitó información sobre la “Estrategia interinstitucional e intermunicipal para la Prevención del Delito” y la “Estrategia preventiva de lucha contra el Fentanilo”.
La Defensoría señaló que, el ministro Zamora se ha limitado a argumentar que, primero debe emitir un Plan de Acción de la Política Pública, previsto para octubre.
Según la Defensoría de los Habitantes, ninguna de las consultas que quedaron sin responder requiere la emisión de un Plan de Acción, por lo que no es de recibo dejar de informar sobre las actas y reglamentación del "Consejo de Seguridad Nacional".
"El Plan de Acción es el "corazón" de la Política Pública y sin él queda solo una declaración de buenas intenciones en el mejor de los casos, por lo que esta Defensoría insistió, a través de la prevención de ley, para que el ministro Zamora respondiera todo lo consultado", señaló la entidad en un comunicado.
"En una segunda solicitud de información, el Ministro de Seguridad tampoco respondió todo lo solicitado y más bien cuestionó aspectos de procedimiento de este órgano de control de legalidad, evadiendo dar respuesta a los temas de fondo requeridos", añadió.
Ante ello, la Defensoría recurrió a la Sala Constitucional para hacer valer el derecho de acceso a la información de interés público tutelado en el artículo 30 de la Constitución Política.
La acción interpuesta por la Defensoría fue acogido para su estudio por la Sala y le otorgó un plazo de tres días al ministro Zamora para que rinda cuentas.
Previo a este recurso el ministro respondió parcialmente a las consultas de la Defensoría, pero ello ocurrió hasta el pasado 25 de junio, un día después de que la Sala Constitucional le notificó la interposición del Recurso de Amparo y le fijara un plazo para referirse a su omisión.
Así, la Defensoría considera lamentable que, se deba recurrir hasta el órgano constitucional para que el funcionario acceda a informar sobre la conducción de esta política pública, y de forma incompleta.
