Pese a que cuenta con la información y con los mecanismos para la fiscalización de la situación de los rellenos sanitarios o parques ambientales del país, el Ministerio de Salud asegura estar de manos atadas en lo referente a la toma de acciones para resolver, de manera integral, este problema.
Mary Munive, ministra de Salud, reconoció, en entrevista con www.despertar.cr que carece de las competencias completas para lograr una solución integral.
Alertó que el país está a las puertas de una crisis, debido a que, en siete meses, se le vencerá la vida útil al relleno de La Carpio, y el del Huazo está con capacidad limitada.
Munive comentó que el Ministerio de Salud ha tenido acercamientos con la Municipalidad de San José, que tiene la localía del relleno de La Carpio Pero, el tema no se queda allí porque esas instalaciones reciben los desechos generados por al menos otros 20 municipios.
“¿Qué va a pasar con eso? Y dónde están las otras soluciones”, se preguntó Munive, más que plantear alguna alternativa cuando fue abordada respecto del tema.
Ciertamente, la Ley le da a los gobiernos locales la responsabilidad respecto de la disposición de los desechos, pero Salud tiene la rectoría, sin que ello le de plenas potestades al respecto.
La realidad es que, a la fecha, nadie tiene un plan concreto sobre qué hacer cuando La Carpio llegue a su vida útil, a pesar de que un relleno sanitario no se construye y se pone en operación en tan solo siete meses.
De hecho, del tema se viene hablando en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Pero, en ese órgano, los representantes de la empresa EBI, que administra los rellenos de La Carpio y el Huazo, plantearon que el primero aún puede rendir por dos años más.
“Siento que no hay un sentido de urgencia en los gobiernos locales ante esta solución", reseñó Munive, vicepresidenta de la República quien tiene un recargo en Salud..
“Presentamos un proyecto de ley para poder disponer y regionalizar, de alguna manera, la disposición de residuos y tenemos una mesa técnica permanente para generar acompañamiento para que ante cualquier propuesta de tecnología, en cuanto al manejo de desechos sólidos, llamamos a los expertos y vemos si es viable.
“Pero nosotros no podemos contratar. No podemos hacer que los gobiernos locales contraten a alguien, obligarlos a que hagan esto, no. Ellos tienen que ponerse de acuerdo, porque así, por competencia, lo tiene la ley”, afirmó Munive.
Munive comentó que el Ministerio de Salud cuenta con la potestad de direccionar a las municipalidades y eso se generó en el lanzamiento de la política pública, en abril anterior, pero sostuvo que son estas las que, al final deciden cómo resuelven el tema de los desechos sólidos que generan.
“Los gobiernos locales no solo tienen la competencia o la obligación de recolectar la basura en tiempo y forma, sino tener toda la articulación o un espacio para poder generar una disposición a nivel del territorio de ellos y hacer centros de acopio.
“Nosotros los apoyamos a nivel macro, pero en lo micro, puerta a puerta, el gobierno local tiene esa competencia”, recalcó Munive.
¿Ceder certificación uso de suelo?
En el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud en la Gestión y Disposición Final de Residuos Públicos, al que hace referencia la ministra, se pretende que las municipalidades cedan la potestad sobre las certificaciones de uso de suelo para el desarrollo de rellenos sanitarios o parques ambientales.
Este es uno de los principales problemas en la actualidad, porque cuando en un cantón no quieren que se instale un relleno sanitario, el Gobierno local simplemente se abstiene de otorgar esa certificación. Y sin ello, no se puede desarrollar ninguna labor en esa dirección.
Según Munive, esa situación se da pese a que existen una serie de proyectos que pueden ser viables. Pero los ayuntamientos rechazan tener un parque ambiental y optan por trasladar sus desechos a largas distancias.
“Cada región va a tener su solución. O se ponen de acuerdo o nosotros hacemos la propuesta de en dónde. No nos interesa tener el uso de suelo ni quitarles esas potestades. Si ellos se ponen de acuerdo, el proyecto carece de pertinencia”, apuntó.
