Las Universidades Públicas deberían acoplarse a una propuesta de desarrollo país, y eso pasa por dotar de más recursos a las que están ancladas a ese modelo mediante una reforma a la distribución de los recursos del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).
Ese fue uno de los puntos que defendió el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en entrevista con el director de www.despertar.cr, Reinaldo Lewis.
Actualmente, el 51% del presupuesto del FEES se asigna a la Universidad de Costa Rica (UCR).
El resto se divide en: 21% a la Universidad Nacional (UNA), 11% para el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 9% a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 7% para la Universidad Técnica Nacional (UTN) y 2% al Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
Acosta considera que instituciones como la UTN o el TEC deberían recibir un porcentaje mayor de los recursos. Acotó que, este último ya debe regionalizarse y empezar a crear conocimiento en las zonas rurales.
Otro de los puntos que el ministro considera se debe discutir son los superávit de las universidades. Acotó que, para 2018 ese rubro ascendía a ¢194.000 millones.
“Eso quiere decir que las universidades estaban recibiendo recursos por encima de su capacidad de ejecución. Hoy tienen alrededor de ¢81.000 millones”, expresó el jerarca de Hacienda.
En esa línea, detalló que a principios de año el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley regulador del FEES buscando que, por ejemplo, estos superávit se puedan incluir en el presupuesto nacional, pero fue rechazado por los rectores argumentando que tienen autonomía.
Por otro lado, el ministro Acosta reconoció que sigue molesto por el hecho de que en medio de la negociación con el Ejecutivo, los rectores también empezaran a negociar con los diputados previendo que estos fueran los que terminarían definiendo el aumento del FEES para 2025.
No se ven dándole a las universidades lo que quieren
Sobre la discusión que se da en la Asamblea Legislativa respecto al incremento del FEES para el próximo año, Acosta manifestó que la visión del Ejecutivo será planteada a través de la fracción oficialista.
Sin embargo, aseguró que no se ven dándole a las Universidades Públicas lo que quieren.
Al mismo tiempo, indicó que no puede ser posible que se considere darle ¢23.400 millones de aumento, ya que, sobrepasaría lo asignado a otros sectores como educación o seguridad.
Por último, defendió que la propuesta de aumento que presentaron durante las negociaciones con los rectores, que fue del 1%, cumplía con las disposiciones constitucionales, que son: no se pueden reducir las rentas y que se debe mantener el valor real del FEES.
