La Sala Constitucional dio curso a la consulta facultativa de constitucionalidad en relación con el segundo proyecto de Ley Jaguar, planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La gestión de la autoridad electoral se concretó el viernes anterior, a raíz de las dudas de constitucionalidad en torno a los artículos 2,4 y 5, del proyecto promovido por el Poder Ejecutivo. En este caso, tanto Édgar Espinoza como Alberto Cabezas solicitaron al TSE que se someta a referéndum por iniciativa ciudadana.
“La presidencia de la Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad le dio curso este 12 de agosto a la consulta presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones al segundo proyecto de Ley n° 24.467, denominado ‘Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica’”, detalló la Sala IV.
Según el TSE está legitimado para presentar la consulta previa facultativa y que está en el momento procesal oportuno para hacer el planteamiento.
Los magistrados del Tribunal recogieron prácticamente todas las dudas que inicialmente planteó la Contraloría General de la República (CGR) en relación con la primera versión del proyecto, y que no fueron aclaradas por la Sala debido a que se archivó el plan.
Una vez que se presentó la versión dos del proyecto de Ley Jaguar, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, afirmó que no debería ser sometida a una consulta de constitucionalidad, debido a que, en su criterio, se subsanaron todas las deficiencias detectadas por la Sala Constitucional en la primera versión anterior y que fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional.
Incluso aseguró que el nuevo texto es “inmaculado”.
Por ello, una vez que se conoció sobre la gestión planteada por el TSE, Fernández afirmó que el tribunal electoral buscaba atrasar el proceso y evitar que la población tome una decisión sobre los temas que se pretenden someter a referéndum.
Indicó que este atraso se suma al asumido por la Asamblea Legislativa que optó por esperar el texto completo de la resolución sobre la iniciativa anterior a fin de seguir con el trámite para ver si obtiene los 29 votos necesarios que los legisladores puedan ordenar al TSE la realización del referéndum.
