La “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al 31 de diciembre del 2022” concluye que, para el 2047, se agotarían las reservas del régimen de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esta valuación fue efectuada por la Dirección Actuarial y Económica, de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, cuyos resultados abarcan 100 años, y fue presentada este jueves a la Junta Directiva.
La directora actuarial, Carolina González expuso que, la reforma al IVM aprobada en el 2021 y que entró en vigor el 1° de enero anterior, le dio un respiro al sistema. Pero, si bien se había estimado que el régimen tendría solvencia hasta el 2049, ahora se da un acortamiento en dos años.
Antes de la aplicación de la reforma, el primer momento crítico estaba previsto para el 2026 aunque no sería necesario el uso de intereses por un tiempo.
González explicó que, producto del actual estudio actuarial se identificó que en el 2041 se dará el segundo momento crítico del IVM, cuando se reanudará el uso de los intereses de la reserva para hacerle frente al pago de las pensiones.
Esto debido a que los ingresos corrientes, incluyendo los intereses generados, no serán suficientes para hacerle frente al gasto del seguro, como consecuencia del proceso de envejecimiento.
González amplió que las proyecciones consideran, para cada año, “el pago total y oportuno de la obligación anual del Estado”.
“Esta reserva responde a la cartera de inversiones del seguro, no al patrimonio que tiene esa deuda del Estado, por tanto que el Estado pueda pagar y hacer frente a esa deuda, más la obligación oportuna y completa de su obligación anual, definitivamente le daría un respiro al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tanto en su adecuación financiera de corto plazo así como extender un poquito esa suficiencia de los ingresos para hacer frente a todos los gastos y al proceso de envejecimiento que tiene el seguro de IVM”, afirmó González.
En la actualidad, la deuda del Estado con el IVM ronda los ¢600.000 millones, monto que aumenta cada mes y el Poder Ejecutivo no cumple con el giro total de los recursos.
¢74.6 billones de déficit actuarial
La funcionaria indicó que la Valuación Actuarial del 2018 estableció que el tercer momento crítico estaba previsto para el 2037-agotamiento de la reserva-, pero la reforma del 2021 proyectó que se le daría una sostenibilidad por más años hasta llegar al 2049.
“(…) Este momento crítico tres, según los diferentes escenarios de la valuación podría estar moviéndose entre el 2044 estresando bastante algunas variables hasta el 2050, considerando una situación un poquito más optimista en algunas variables”, reafirmó González.
Apuntó que, en la valuación actuarial del 2018 se concluyó que, en lo referente a solvencia, a lo largo de los 100 años, sólo el 48.3% de las pensiones serían financiadas, pero el estudio del 2022 se estimó que el porcentaje aumentó para ubicarse en el 56.14% por el mismo periodo.
Añadió que, en caso de que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de manera oportuna, extendería el plazo de agotamiento en uno o dos años.
Otro de los aspectos analizados fue el déficit actuarial que tendrá el IVM en los 100 años de proyección. En la valuación actuarial actual se estima que el monto ascenderá a ¢74.6 billones. Mientras que en la del 2018, el déficit proyectado era de ¢100 billones.
“El tema de incorporar la obligación total y oportuna del Estado en la proyección es porque el objetivo que se quiere ver es si esa prima reglamentaria que se tiene establecida al día de hoy, que es de 11.16%, es suficiente para garantizar el pago de las obligaciones. Esta deuda ha venido creciendo en los últimos años”, manifestó González.
Señaló que, en el 2015, la deuda rondaba ¢4.000 millones y del 2016 hasta la actualidad, el crecimiento es muy significativo particularmente por la cuota del Estado como tal y una parte de las cuotas complementarias de las poblaciones por cuenta propia.
Tras escuchar la valuación actuarial, la Junta Directiva acordó encargar a la Presidencia Ejecutiva y a las gerencias Financiera y de Pensiones realizar gestiones ante el Ministerio de Hacienda para el pago de las cuotas del “Estado como tal” y la “complementaria de trabajadores independientes y asegurados voluntarios se paguen de manera oportuna y completa".
Al mismo tiempo, “se les encarga gestionar un convenio que garantice el pago de la actual deuda del Estado con el SIVM”, según el acuerdo.
Además, la Gerencia de Pensiones deberá hacer una investigación bibliográfica a fin de identificar acciones que han adoptado otros países, y que se podrían aplicar para tener mejores efectos en la reducción de la deuda en un corto plazo.
La deuda del Estado con la CCSS supera los ¢4 billones, pues además del IVM está moroso con el Seguro de Salud.
