Metas en seguridad y justicia son poco realistas, según Defensoría

Para la Defensoría de los Habitantes, las metas establecidas en seguridad y justicia no se ajustan a la realidad.
photo_camera Para la Defensoría de los Habitantes, las metas establecidas en seguridad y justicia no se ajustan a la realidad.

Para la Defensoría de los Habitantes, el Poder Ejecutivo integró en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026 (PNDIP) metas poco realistas en materia de justicia.

A esta conclusión arribó, luego de recibir información del Ministerio de Justicia sobre el cumplimiento de las 10 metas incluidas en el Plan y se identificaron cambios que tuvo que hacer dependencias en varias de ellas.

Encontró modificaciones a las metas relacionadas con la participación de privados de libertad en procesos de reinserción social, a las de actividades remuneradas en las regiones periféricas, y en lo referente a la construcción de delegaciones policiales.

“(…) analiza cambios en las metas del programa ‘Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia’ y su componente ‘Efectividad policial’”, detalló la Defensoría en un comunicado de prensa.

Añadió que “Justicia realizó cambios en la estrategia de selección y adjudicación de oferentes para construir delegaciones policiales, coordinó con Fuerza Pública un prototipo de delegación para estandarizar obras y otras acciones que no contempló antes y que explican los retrasos durante 2023 e informó, mediante un cronograma, las delegaciones que serán construidas”.

Metas sin recursos

Según enfatizó la Defensoría, el Poder Ejecutivo incluyó iniciativas en el PNDIP a las cuales no les dotó de los recursos humanos necesarios, situación que incide en el incumplimiento de metas establecidas. Entre estas mencionó la referente a “un esfuerzo preventivo en la legitimación de capitales”, a cargo de la Dirección Nacional de Notariado.

Además, argumentó que “el sector Seguridad Ciudadana y Justicia exhibe debilidades para ejecutar el presupuesto asignado, entre otras razones, porque sus instituciones no incluyeron los gastos de capital en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), y por ello en 2024 se ha debido brindar acompañamiento a las instituciones del sector, para que registren apropiadamente sus gastos de capital en dicho registro público”.

Sumó que, a seis meses de formulada la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030, el Rector Sectorial todavía no sabe si será necesario cambiar las metas del PNDIP en seguridad ciudadana y justicia, para armonizarlas a dicha política”.