La población menor de edad indígena quedó excluida de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, según la Defensoría de los Habitantes. Esa entidad considera que ello representa una violación al interés superior del niño y de la niña aborigen, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos de participación, supervivencia y desarrollo, entre otros.
La Defensoría de los Habitantes alertó a las autoridades competentes, pero no echaron marcha atrás, situación que provocó que se presentara un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual está en estudio por parte de los magistrados.
Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, explicó que la decisión del Gobierno fue que la consulta sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes se hiciera en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas y no en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia.
“La desidia y la falta de seriedad con la cual el Estado costarricense ha abordado el tema, y particularmente la violación de derechos que las acciones del Estado generan, al haber dispuesto que la consulta de la política de niñez de la población menor de edad indígena se anexará a la consulta general de pueblos indígenas -lo que supone un periodo mínimo de dos años o inclusive superior- atentan contra el principio de interés superior del niño y la niña, pero además es una decisión que se tomó sin criterios razonables ni objetivos”, afirmó Cruickshank Lambert.
La Defensoría solicitó a la Sala Constitucional declarar violatorios los acuerdos del Consejo de la Niñez y la Adolescencia y ordenar la inmediata realización del proceso de consulta a las niñas, niños y adolescentes de los 24 territorios indígenas, a fin de garantizar la incorporación de sus necesidades y aspiraciones en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y en sus planes de acción.
“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de los derechos humanos sin una debida política pública. Su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual, el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener, además, un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución”, recalcó Cruickshank.
Añadió que dicha exclusión constituye una discriminación que invisibiliza a las personas menores de edad que viven en los territorios indígenas, sus inquietudes y sus aspiraciones, violentando sus derechos e incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Como Defensoría hemos venido exigiendo un compromiso real del Estado en materia de protección de derechos de la niñez plasmados en casos concretos como el de la niña desaparecida en Cartago, una adecuada prevención y atención a los casos por acoso escolar, la reducción en la inversión a la educación, entre otros”, concluyó la Defensora de los Habitantes.
