Justicia buscará castigar el ingreso de celulares a cárceles

Según los datos expuestos por el Ministerio de Justicia los agentes de la Policía Penitenciaria, han logrado en las requisas el decomisos de más de 4.600 teléfonos en 21 meses de operación policial sostenida. 
El Ministro de Justicia y Paz llevo un nuevo proyecto para castigar a la persona sorprendida tratando de ingresar celulares a los centros penales. Foto: Sócrates Colindres
photo_camera El Ministro de Justicia y Paz llevó un nuevo proyecto para castigar a la persona sorprendida tratando de ingresar celulares a los centros penales. Foto: Sócrates Colindres

El Ministerio de Justicia y Paz planteó un proyecto de ley para castigar con penas de cárcel a las personas que traten de ingresar artículos para realizar llamadas.

El proyecto fue llevado a Casa Presidencial para que pueda ser presentado en los próximos días a la Asamblea Legislativa. Con esta iniciativa Justicia pretende lograr la reducción de los delitos vía telefónica desde los diversos centros penales.

El ministro de Justicia y Paz, Gerard Campos expuso que en la actualidad las personas que son sorprendidas tratando de ingresar algún dispositivo para realizar llamadas como celular o tarjetas sim, les decomisan el artefacto y no reciben ningún tipo de sanción. Y en el caso de los funcionarios detectados cometiendo la falta se exponen solo a un proceso de despido de la institución.

“Hemos hecho una labor de contención. Es loable reconocer el trabajo que hace la Policía Penitenciaria, pero ya no más; ya es suficiente y esto va a ser indispensable porque es sabido por nosotros que la introducción de celulares puede ayudar a la comisión de hechos delictivos”; agregó el ministro de Justicia

Campos en el proyecto expone que las penas para las personas sorprendidas serían de entre los 2 años y los 4 de cárcel, pero presentarán un agravante en tres casos

1. Cuando la introducción de esos dispositivos móviles facilita la comisión de actividades delictivas dentro o fuera del centro penitenciario.

2. La introducción se realiza con fines de beneficio económico.

3. La acción es llevada a cabo por un funcionario público o persona con acceso privilegiado a los centros penitenciarios.