Pese a que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) habilitó este lunes cuatro pozos en Esparza los vecinos a los que se les restableció el servicio de agua no podrán consumirlo ni preparar alimentos. Su uso solo está autorizado para otros quehaceres domésticos y de higiene.
Estos pozos forman parte de las 14 fuentes, conformadas por 13 pozos y una toma del río Barranca, que fueron afectados por el derrame de un fungicida el sábado anterior y que tiene a vecinos de Barranca, Chacarita y Esparza sin el vital líquido.
Juan Manuel Quesada, presidente del AyA, sostuvo que el agua solo se podrá consumir una vez que se tenga la certeza que es 100% potable.
Añadió que la habilitación de estos pozos se da luego de que las inspecciones dieran como resultado que no existe una afectación directa debido a su ubicación.
Añadió que se espera que los resultados de las muestras tomadas por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) el fin de semana estén disponibles este martes. Permitirán a los equipos técnicos evaluar la situación y tomar nuevas medidas, de ser necesario.
“El AyA está elaborando un informe detallado para evaluar la magnitud y repercusiones de la emergencia y así tomar las medidas legales correspondientes contra los responsables de la contaminación”, aseveró Quesada.
Para garantizar el suministro de agua potable durante la emergencia, el AyA dispuso de 12 camiones cisterna en los sectores de Esparza y la Gran Chacarita, en Barranca y Roble. También se colocarán dos tanques de 10 mil litros de agua cada uno, suministrados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), que se ubicarán en el parque Marañonal y otro parque del centro de Esparza.
No se tiene certeza sobre cuándo se restablecerá el servicio potable 100%.
Por su parte, el Ministerio de Salud emitió órdenes sanitarias a las empresas responsables del accidente, requiriendo de forma inmediata la limpieza y remoción exhaustiva del fungicida en todos los márgenes de la quebrada afectada para asegurar su completa eliminación; así como, un plan de monitoreo que abarque los siguientes 12 meses.
