El Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa un proyecto mediante el cual busca la promulgación de una nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, y que se derogue la normativa actual.
En la exposición de motivos del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 23.760 se critica que la ley actual está basada en un concepto de “renta producto”, y que sigue un criterio de territorialidad. Eso impide gravar en todo su potencial la capacidad económica de los contribuyentes y afecta la progresividad del impuesto y su respectiva redistribución a favor de la ciudadanía y los programas sociales.
Además, se aduce que la imposición sobre la renta se basa en cada fuente productora de ingresos, como lo son el trabajo personal dependiente, el desarrollo de una actividad económica y la inversión de capital, entre otros presupuestos.
Según el Ministerio de Hacienda, lo anterior lleva a que existan diferentes impuestos para diferentes rentas, por lo que no existe una única base impositiva que permita medir y gravar con precisión la capacidad económica de las personas.
En ese contexto, el proyecto enmarca el interés por adoptar un sistema de imposición sobre la renta más equitativo desde la perspectiva tributaria, "de modo que cumpla el mandato constitucional de velar por una adecuada contribución de las cargas públicas y garantizar el bienestar social".
De recibir el aval de los diputados, el nuevo esquema estaría basado en un concepto de “renta ingreso” y se enfocaría en las personas que reciben las rentas, ante lo cual adoptarían impuestos personales de carácter global.
Estos recaerían sobre el incremento patrimonial correspondiente al período impositivo respectivo, tomando en consideración los ingresos por la puesta en marcha de factores productivos (capital y trabajo) por parte del contribuyente. Así como los aumentos patrimoniales atribuibles a factores externos a su actividad.
Hacienda aduce que, también busca que sea más simple y claro, a fin de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, mediante la disminución de la cantidad de declaraciones y gestiones que deben realizar los contribuyentes.
Busca crear equilibrio
Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, el sistema vigente crea desequilibrios en cuanto a la equidad horizontal y vertical del sistema tributario.
A nivel horizontal, indica que se generan diferencias en el tratamiento aplicable a aquellos contribuyentes dependiendo del origen de sus rentas.
En ese sentido, apunta, por ejemplo, la diferencia que se da entre los profesionales independientes y los asalariados, para quienes aplican reglas distintas a pesar de que ambos presten servicios profesionales.
Similar situación se da con la equidad vertical (a mayor nivel de ingresos, mayor es la proporción de impuestos que se pagan), ya que, no es posible visualizar la verdadera capacidad económica de cada contribuyente.
Por otro lado, señala que para evitar que el sistema tributario se preste para el uso de esquemas multinacionales abusivos, se modificaría el criterio de sujeción que se ha generado en el país, manteniéndose el tema de la territorialidad para definir la mayor parte de las rentas gravables en el país.
Pero, se ampliará para las rentas de capital y ganancias de capital, que estarán sujetas a imposición con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.
El proyecto de ley detalla que este cambio ha sido sugerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de una revisión integral del sistema de imposición sobre la renta.
Asimismo, señala que el gravamen sobre las rentas pasivas (rentas de capital y ganancias de capital) extraterritoriales va en línea con la solución propuesta por la Unión Europea para enmendar el régimen de exención de rentas extraterritoriales que tiene el país, que, en su criterio, se presta para que surjan situaciones de doble no imposición.
