Los rectores de las cinco universidades públicas se dieron cita en el cantón central de Limón, donde sesionó la Asamblea Legislativa, con el fin de recordarles a los diputados el papel social y el impacto generado por los centros de educación superior.
La Sesión Solemne del Congreso con motivo el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente, se llevó a cabo en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica (UCR)
El presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Gustavo Gutiérrez resaltó la importancia de la educación para el futuro, en el desarrollo del país y de su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, por lo que consideró que “empobrecerla y depreciarla es ajeno a la tradición costarricense”.
Apuntó que Costa Rica siempre luchó por su derecho a la educación y que, por esa presión se expandió la construcción de escuelas y recordó que fue la población la que solicitó que la educación fuera gratuita y obligatoria. Por lo que señaló que la defensa de la educación trasciende ideologías y partidos políticos.
Recordó que fue en 1998 que los diputados modificaron el artículo 78 de la Constitución Política, en el que fijaron como piso presupuestario para educación el 6% del Producto Interno Bruto, mientras que en el 2011 se subió al 8%.
“Precisamente este mandato se afianzó en nuestra Carta Magna para que, por más compleja que fuera la situación, más allá de una pandemia o una crisis económica, se garantizaran los recursos suficientes para la educación de calidad y a la que este país tiene derecho.
“Todas y todos los jerarcas públicos juramos ante la Constitución, reconociéndola no como una carta de intenciones, sino como un texto vinculante de la sociedad costarricense. Por consiguiente, ese 8% del PIB tampoco es una aspiración, como recientemente dijo un ministro”, afirmó Gutiérrez, quien es rector de la UCR.
Pertenece al pueblo
Aseveró que los diputados fueron visionarios al blindar la educación, pues en el momento que fuera amenazada se estaría “amenazando nuestra propia existencia como sociedad democrática, tal y como pareciera ocurrir en estos momentos”.
Según expuso, la desigualdad y las crisis no resueltas que pueden afectar al país, son excelentes caldos de cultivo para que los liderazgos autoritarios, que irrespetan la democracia y la división de poderes, emerjan en las sociedades.
“A la sociedad que nos financia le decimos que no le debe quedar la menor duda de que la Universidad le pertenece a todo el pueblo de Costa Rica, que no es un feudo de los integrantes de la comunidad universitaria, sino un patrimonio de todas y todos y motor indispensable del desarrollo nacional y, por tanto, de las transformaciones necesarias en el país”, manifestó Gutiérrez.
Asimismo, acotó que la regla fiscal, tenía como objetivo convertir a la institucionalidad pública en cascarones sin recursos para brindar los servicios que les fueron encomendados, lo que polariza a la sociedad “y no cabe duda de que necesitamos espacios de diálogo para discutir estos temas”.
“Buena parte de estas políticas fueron aprobadas con una pasividad preocupante por aquel Consejo Nacional de Rectores. Hoy podemos tener diferencias entre las universidades públicas. Discrepar es universitario, pero en el fondo, este CONARE que tenemos hoy día es absolutamente claro que no podemos permanecer ajenos a cualquier ataque contra la institucionalidad pública”, mencionó.
Sobre el particular ahondó que “lo que quiero decir es que, año a año, las universidades no solo vemos a miles de jóvenes graduarse, sino que somos conscientes de que formamos parte de una estructura mayor, ese tejido institucional que permite que esos jóvenes lleguen, sanos y en condiciones de vida dignas, a formarse profesionalmente y a servir a su país luego de graduarse”.
A los diputados presentes en la sesión solemne, Gutiérrez los instó a contar con la universidad pública para colaborar en el desarrollo de políticas a favor del país en diferentes ámbitos.
La intervención de Gutiérrez se da en momentos en que este viernes, el Poder Ejecutivo presentará el Presupuesto Ordinario de la República para el 2025, en el que se vislumbra una reducción en la inversión de la educación y el monto del Fondo Especial de la Educación Superior es incierto.
Solidario
La diputada oficialista Pilar Cisneros, tomó la palabra para calificar el FEES como injusto y arbitrario pues no corresponde aplicarle aumento porque no hubo incremento en la inflación en el 2023.
Citó que el FEES es “escrito en piedra”, es permanente y aumenta cada año.
Refirió que, con los ¢23.000 millones de alza solicitados por los rectores, se podrían construir 46 EBAIS como el inaugurado en Talamanca recientemente.
“Las universidades públicas tienen la responsabilidad, don Gustavo, de ser solidarios (sic). La responsabilidad de no seguir contribuyendo a que este país se siga endeudando. ¿Cuándo terminaremos de pagar la deuda de $54.000 millones? ¿Cuándo don Gustavo?”, se preguntó Cisneros, quien años atrás fue profesora en la Universidad de Costa Rica.
Recalcó que “las universidades deberían tener una actitud solidaria y responsables”.
