Alrededor de 2.547 trabajadores de la educación privada están en peligro de no pensionarse cuando cumplan el plazo, debido a que los centros educativos para los cuales trabajan o en los que han laborado, no trasladaron las cuotas obrero que se les rebajó a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
Esta situación fue alertada por autoridades de JUPEMA, quienes advirtieron que 193 centros educativos privados-de primaria y secundaria- suman una deuda de ¢4.786 millones, que no trasladaron al Magisterio Nacional.
Jorge Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de JUPEMA, manifestó que a la organización le preocupa la alta morosidad en el pago de las cuotas obrero-patronales, pues afecta a los trabajadores a los cuales se les rebaja de su salario, pero no son trasladados a la Junta.
Rodríguez explicó que al igual que no se da el traslado de la cuota obrero, tampoco la parte patronal cumple con su responsabilidad.
La afectación mayor se da entre el personal docente y administrativo, pero al mismo tiempo perjudica a otras categorías laborales que cotizan a ese régimen.
"Esto afecta seriamente el bienestar de estos trabajadores, porque esas cuotas obrero-patronales se van a requerir, de manera que mediante una buena administración, le de sustento a su futura pensión”, afirmó Rodríguez.
Añadió que también se afecta el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) que es el fondo administrado por JUPEMA para los trabajadores de la educación.
Esta deuda se viene acumulado desde hace 10 años y el corte es hasta julio anterior.
Al mismo tiempo, en la Junta reseñaron que muchos de los deudores son reincidentes.
10 centros concentran el 59%
Según información aportada por JUPEMA, de los 193 escuelas y colegios privados morosos, 10 concentran el 59,1% del total, es decir, ¢2.830 millones.
Seis de estos establecimientos se ubican en San José, tres en Heredia y uno en Cartago.”
Los otros 183, suman deudas con la junta magisterial por ¢1.956 millones, para un 39.9%.
Carlos Arias, director ejecutivo de JUPEMA detalló que pese a que las escuelas y colegios cobran matrícula y otros rubros a los padres de familia que optan por este sistema de aprendizaje, existe una cantidad de centros educativos privados que incumplen con sus obligaciones y traslados de cuentas.
Detalló que si bien es cierto la afectación no será en el corto plazo, cuando los trabajadores perjudicados lleguen a tramitar su solicitud de pensión ante JUPEMA se pueden encontrar con la desagradable sorpresa de que tendrán que laborar durante 5 o 6 años más.
Las escuelas y colegios privados que según JUPEMA ocupan el top 10 de morosidad en las cuotas obrero-patronales son las siguientes:
- Saint Joseph School, en Moravia: ¢489,9 millones.
- Saint Margaret School, en San Antonio de Belén, Heredia: ¢467,4 millones.
- Saint Peter´s Primary and High School, en Lomas de Ayarco Sur: ¢376,8 millones.
- Colegio Bilingüe Santa Cecilia, en Heredia: ¢342,3 millones. (Este está cerrado por quiebra).
- Frantz Liszt Schule, en Santa Ana: ¢295,8 millones.
- Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles, en Jardines de Cascajal, San José: ¢199,1 millones.
- María Auxiliadora School, en Cartago: ¢195,4 millones.
- Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe, en Heredia: ¢182,5 millones.
- Genesis Christian School, en Alajuelita: ¢144 millones.
- ILPPAL S.A., Santa Ana: ¢136,3 millones.
Con la situación, estas escuelas y colegios afectan a 657 trabajadores.
¿Costumbre?
Kattia Rojas, gerente de finanzas de JUPEMA llamó la atención de que, de los 10 centros con las morosidades más altas, en cuatro de estos, el representante legal registrado es la misma persona.
En este sentido mencionó que una persona de apellidos Jones Hutchinson es el representante legal de: Saint Joseph School, Saint Margaret School, Saint Peter’s Primary ang High School y el María Auxiliadora, este último de Cartago.
Estas cuatro escuelas y colegios privados en conjunto suman ¢1.529 millones en pendientes.
“Hay colegios que pareciera que ya es costumbre, mes a mes atrasarse. Es decir, pareciera que no les está importando dejar de pagar. Estos son colegios que, en algún momento van a ser otro Santa Cecilia y va a haber una afectación tan importante”, advirtió Arias.
Comentó que el Colegio Santa Cecilia cerró antes de la pandemia, por quiebra y pese a lo procesos de cobro de las cuotas obrero-patronales, los esfuerzos han sido infructuosos.
En este caso, 73 trabajadores que laboraban en ese colegio se verán obligados a postergar su pensión porque no tendrán la cantidad de cuotas obrero-patronales requeridas.
Apuntó que JUPEMA tiene varias alternativas para la recuperación de los dineros no pagados.
Mencionó que la entidad ofrece arreglos de pago, pero también recurre al cobro administrativo y los procesos judiciales.
