La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank advirtió que el sistema de copago, pretendido por la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, para combatir las listas de espera, sería un riesgo pues aumentaría la brecha en el acceso a los servicios de salud.
Cruickshank explicó que el copago es un plan que rompe con el acceso en condiciones de equidad a los servicios de salud, al favorecer a los estratos de la población que cuentan con capacidad de pago.
La Defensoría de los Habitantes analizó el sistema copago y concluyó que no es una modalidad del Modelo de Seguridad Social Costarricense en los últimos 82 años y que “es una figura más propia de los servicios privados de salud, que es utilizada por proveedores de seguros particulares”.
“El copago entraña el riesgo de aumentar la brecha de acceso a los servicios por cuanto favorecería a las personas que cuenten con los recursos económicos, por ser manifiestamente inequitativo así como potencialmente discriminatorio y excluyente para amplios sectores de la población, en especial, los más vulnerables”, remarcó Cruickshank.
El 7 de noviembre anterior, cuando Esquivel presentó el plan “Ruta de la Salud”, con el cual ambiciona poner bajo control las listas de espera a diciembre del 2024, reconoció que se implementará la modalidad de pago compartido y que se estaba en la definición del porcentaje de copago que se fijará.
Añadió que las valoraciones apuntaban a que la CCSS pondría entre el 50% y 60% del costo del procedimiento (cirugías, resonancias magnéticas, Tomografía Axial Computarizada (TAC), ultrasonidos u otros), y diferencia sería asumida por el asegurado.
Sin regulación
Otro de los inconvenientes señalados por la Defensora es que no existe, en la actualidad, una regulación sobre el pago compartido con lo cual, de ponerse en práctica, la CCSS debería establecerla.
Cruickshank también se apoyó en que dependencias de la CCSS no ven al copago como una alternativa adecuada para reducir las listas de espera.
En este sentido, mencionó que existen informes generados por la Auditoría Interna y otras instancias competentes en la materia como la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) y el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS,) que señalan que el copago:
- Traslada el riesgo de búsqueda oportuna y de calidad de atención en salud a los pacientes.
- Incrementaría el gasto de bolsillo de las familias.
- Generaría inequidad en el acceso a los servicios.
- Roza con la ley constitutiva de la CCSS y sus principios constitucionales, con alta probabilidad de que este mecanismo de financiamiento roce con la legalidad permitida.
- Eventualmente requeriría de una consulta pública, además de consultas de legalidad que garanticen la posibilidad de implementar el modelo.
“El impacto diferenciado que generan los Determinantes de la Salud obliga al Estado a realizar avances en el derecho a la salud de forma progresiva, nunca regresiva. Para ello, las políticas públicas deben tener el propósito de cerrar las brechas ocasionadas por la inequidad, más nunca fomentar las que ya existen.
“Con lo cual, de conformidad con las Acciones Afirmativas, lejos de favorecer a grupos de población con mejor ventaja, las estrategias de listas de espera deben ir dirigidas a beneficiar a los sectores más vulnerables”, reiteró Cruickshank.
