La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se manifestó opuesta al proyecto bajo el expediente 23.524, “Ley para fortalecer el FCL”, por considerar que afectaría a las personas en su etapa de pensión.
Con la iniciativa se pretende pasar recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que generaría una disminución en el monto de la pensión.
Para dar a conocer la posición de la Caja sobre este proyecto de ley, la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, acudió a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
Esquivel había amenazado la semana pasada con no regresar a la Asamblea Legislativa si no se le garantizaba la seguridad frente a los periodistas, pues se molestó una vez que fue abordada luego de una audiencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
El presidente del Primer Poder de la República, Rodrigo Arias le recordó a Esquivel que los diputados están en la potestad de convocarla presencialmente y que si se resistía a acudir, la pueden mandar a llevar con la Fuerza Pública.
En esta ocasión, Esquivel fue escotada por personal de seguridad de la Asamblea Legislativa y a la salida de la comparecencia respondió consultas de la prensa.
Junto con ella llegaron Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la CCSS, y Vilma Campos, gerente general a.i. de la entidad.
No es conveniente
En su exposición sobre la iniciativa de ley, Barrantes externó que, pese a que el proyecto busca aumentar el ahorro de los trabajadores, se considera que tal y como está planteado no es conveniente para los objetivos del Sistema Nacional de Pensiones.
Barrantes admitió que reducir el porcentaje del ROP para fortalecer al FCL tendrá sus objetivos importantes en el corto plazo, pero afectará la tasa global de pensión o de reemplazo que recibirán las personas.
En este caso, explicó que las personas, en vez de recibir en el ROP un 15% complementario a la pensión del IVM, se le daría un porcentaje mucho menor, que rondará entre un 5% y un 7% menos, pero no pudo precisar el porcentaje definitivo pues dijo que se está afinando los cálculos correspondientes.
“De aprobarse el proyecto como está aquí planteado, lo que se dice es que disminuya el porcentaje que se está destinando en este momento para el ROP y que parte de ese financiamiento para una pensión complementaria se vaya al FCL.
“Ambos fondos tienen diferentes fines y, en este caso, nosotros, desde el punto de vista de pensiones, lo hemos dicho: creemos que la etapa de pensión es una fase muy importante de la vida de una persona, donde la esperanza de vida sigue aumentando. Posiblemente sea el periodo de la vida donde más a la larga vamos a vivir y es importante tener la mayor cantidad de recursos disponibles para enfrentar esta etapa de la vida”, afirmó Barrantes Espinoza.
Reiteró que, al pasar recursos del ROP al FCL, las personas sacarán los dineros cada 5 años, con lo cual se daría una disminución en los acumulados para hacer frente a las necesidades y demandas a futuro.
ROP acumula ¢10 billones
Barrantes externó que la mayor afectación se dará en el monto de pensión complementaria, pues pasará de un 3% -que es lo que está establecido en la Ley de Protección al Trabajador (LPT)-, a un 2,25%, al tiempo que con los años se dará una pérdida en los saldos de interés compuesto.
Ante consultas de los diputados, Barrantes externó que en la actualidad el ROP acumula un saldo de ¢10 billones invertidos para el pago de pensiones y que el FCL sólo tiene acumulado ¢600.000 millones, esto debido a que los trabajadores lo pueden retirar cada 5 años, con lo que pierde la posibilidad de que las personas puedan contar con más dinero para tener una mejor pensión global.
“¿Qué es lo que va a pasar? Las personas tendrán menores recursos para enfrentar su vejez y eso podría incluso hasta presionar al IVM -porque el IVM está en un periodo de ajustes a todos los cambios demográficos que estamos viendo- y, evidentemente, pueden darse situaciones en que se requieran ajustes al IVM para compensar esa pérdida en el ROP”, aseveró Barrantes.
Recalcó que el proyecto va en contra de los intereses de los futuros pensionados, pues se daría una reducción en lo que da el ROP.
“Esta disminución que eventualmente conseguiría por el ROP tendría un impacto de más o menos el 20% de la pensión del ROP, lo que haría que la tasa global de reemplazo, que es de lo que estamos hablando, de que el IVM a futuro pudiera dar un 50% y el ROP un 15%, tendría un impacto de un 5% al 7%”, puntualizó Barrantes.
Esquivel manifestó que, desde la Junta Directiva se valoró que no se dará una afectación a la autonomía institucional sino que se podría afectar todo el sistema de pensiones que tiene el país.
“Eventualmente implicaría volver a sentarse como país a tomar decisiones sobre qué queremos para futuras pensiones”, externó Esquivel.
