El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) no tiene capacidad para atacar el problema de la creciente población en condición de calle en el país. Por ello, se limita a realizar censos y coordinar con diferentes organizaciones, incluso privadas, para que sean esas las que encaren la situación.
La presidente del IMAS Yorleny León, adujo, a partir de los datos que maneja la entidad, que las personas en condición de calle mayormente se encuentran así por el consumo de sustancias psicotrópicas. Pero, también en los últimos años se ha profundizado el problema por la llegada de migrantes, especialmente venezolanos, que toman las calles a falta de otras posibilidades.
Finalmente, hay otro componente, mucho más pequeño, compuesto por personas en condición de extrema pobreza, que no tienen acceso a recursos del sistema de seguridad social ni a respaldo familiar.
“No es por un tema de pobreza. Están ahí porque es tal el nivel de consumo que entonces terminan abandonando sus hogares y ubicándose en esas condiciones de precariedad para seguir su dinámica”, añadió León.
En el caso de los migrantes, dice que muchas veces les brindan la alimentación, porque están en tránsito, mayoritariamente haciendo alguna recolecta de dinero o tratando de recuperarse del paso por la selva en el denominado Tapón del Darién, en el sur de Panamá.
“Es lo que nos dicen para continuar su tránsito hacia los Estados Unidos, que es el país donde la mayoría desea llegar. Y no está dentro de sus planes quedarse en Costa Rica viviendo. Entonces, hacen algunas dinámicas de ventas de productos y demás. Pero su interés no es quedarse aquí; su interés es continuar su ruta hacia los Estados Unidos”, amplió la jerarca del IMAS.
Las estimaciones oficiales indican que cerca de 7.000 personas, la mayoría de ellas hombres, viven en las calles alrededor del país. Pero, más allá de conocer el dato, a partir de un censo al que también contribuyeron iglesias evangélicas y católicas, la Fuerza Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no hay ninguna política pública definida.
León sostiene que se trata de conversar con ellos para ayudarlos a que ingresen a programas de desintoxicación, pero no se les puede obligar a ello, sino que siempre tendrá que ser por voluntad propia. Añadió que en muchas ocasiones aceptan ingresar, pero luego huyen y vuelven a las calles.
Censo y problemática
Con respecto a las personas de la calle que son adictos, León afirmó que trabajar con ellos es muy difícil porque cuando los atienden en sector de la capital, por ejemplo, dan un nombre y luego aparecen en otro lugar con otra identidad.
“Hay que andar identificándolos; tampoco son fáciles de acceder, Son personas en algunos casos hasta huraños para poderlas atender y establecen murallas en el sentido de que no les agrada que les estemos haciendo preguntas. Además, la mayoría está indocumentada”, analizó.
Ante ello, la institución se limitó a actualizar la reglamentación bajo la cual se reconoce un aporte económico a las organizaciones que les suministran alimentos. Básicamente, se trata de llevar una bitácora de las personas atendidas, para hacer las liquidaciones a los comedores.
Por otra parte, para la atención clínica de esa población en el caso de San José, se estableció una comisión interinstitucional integrada por el IMAS, la Municipalidad, el Ministerio de Salud, la Caja y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
En otros lugares del país, el acercamiento ha sido con las municipalidades, pero, de nuevo, no hay una política pública que establezca los pasos concretos a seguir.
De momento, el IMAS dispone de ₡1.500 millones de colones para encarar este problema, pero León asegura que si fuera necesario utilizar más recursos, no tiene problemas.
“Tenemos la flexibilidad de poder hacer cambios de partidas presupuestarias sin necesidad de ir a la Asamblea Legislativa”; dijo.
Ya confrontada con el tema por parte de www.despertar.cr, la funcionaria apuntó que una de sus aspiraciones es tener al menos una organización por cantón que atienda a esta a esta población.
“Hay organizaciones que atienden niños, otras que atienden adultos mayores, pero no hay muchas para las poblaciones de la calle”, reflexionó.
Y le lanzó una alerta al IAFA, en el sentido de que se debe trabajar aún más fuerte en los programas de prevención para evitar el uso de drogas.
