La instauración de las jornadas laborales 4x3 implica dar un paso correcto para generar balance entre la productividad y el resguardo de los derechos de los trabajadores, consideran en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Por ello, desde la cúpula patronal hicieron un llamado a los diputados a la Asamblea Legislativa para que tomen en cuenta el impacto positivo del proyecto, y con ello, prioricen el debate sobre el expediente 24.290.
Los empresarios señalaron que este proyecto representa un “ganar – ganar” para el país, ya que, potenciaría la competitividad en resguardo y respeto de los derechos de las personas trabajadoras.
Asimismo, sostienen que permitiría que se pueda atraer más y mejor inversión extranjera, generando empleo de calidad y formal para la ciudadanía.
Además, apuntaron que el proyecto introduce garantías y obligaciones específicas para los empleadores a fin de salvaguardar la seguridad y el bienestar de los trabajadores.
Por otro lado, indicaron que la iniciativa es clara al señalar que aplicará solo en sectores muy específicos con trabajadores estrictamente requeridos para la operación productiva; es decir que, su labor es fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones, como por ejemplo:
- Manufactura tecnificada.
- Industria de implementos médicos en ciencias de la vida humana y animal.
- Trabajadores en la operación de servicios corporativos a realizarse en diferentes zonas horarias geográficas.
Urge contar con este marco jurídico
UCCAEP señaló que el país urge contar con este marco jurídico, que el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ha reconocido que es viable respecto a la normativa nacional e internacional; tiene bien delimitada la excepcionalidad y se rige por el principio de voluntariedad.
Además, no significa ninguna afectación para el trabajador en cuanto al pago de su salario. Y protege a las personas menores de edad, mujeres en período de embarazo y lactancia, personas que cursan estudios, aquellas que cuidan adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades terminales.
Recientemente el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Arturo Rosabal, expresó la preocupación de ese sector sobre la decisión de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de no priorizar el proyecto en la agenda legislativa.
“Consideramos que esta decisión podría representar un retroceso significativo en los esfuerzos por modernizar el marco normativo laboral de nuestro país y fortalecer la competitividad nacional”, indicó Rosabal.
