Una moción aprobada en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa en torno al proyecto de ley de reformas al artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pondría al país en un problema internacional ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Unión Europea, en caso de recibir el aval del Plenario y convertirse en ley.
La moción eliminó del artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios un párrafo que es fundamental para poder cumplir con los estándares de transparencia fiscal a nivel internacional.
Al menos así lo afirmó la viceministra de Hacienda, Priscilla Zamora, ante las jefaturas de Fracción de la Asamblea Legislativa.
“Este artículo es la norma a partir de la cual se introdujo en el Código Tributario la posibilidad de que Costa Rica cumpla con los estándares de transparencia fiscal internacional”, detalló Zamora.
Y añadió que, estos estándares son la base sobre la cual la OCDE establece si un país es o no una jurisdicción cooperante.
Según indicó, el párrafo aclaraba con todas las palabras que para el efecto del intercambio internacional de información no se requiere autorización judicial.
“Es un intercambio automático, esto quiere decir que no pasa por ninguna validación, por ningún procedimiento dentro de la Administración Tributaria.”, señaló Zamora.
Por ello, si se elimina la posibilidad de que esto fluya sin autorización judicial, no se estaría cumpliendo con los estándares establecidos internacionalmente.
Además, la Viceministra recordó que eso es para los no residentes fiscales, es decir, para extranjeros que son residentes fiscales en otros países que tienen cuentas en Costa Rica y que la información de esas cuentas se reporta automáticamente a los otros países.
¿Qué pasa si no se cumplen los estándares?
Zamora comentó que no solamente no cumplimos con la OCDE, sino que, la Unión Europea toma las calificaciones de la OCDE para sus efectos de lista negra, misma de la cual el país salió el año anterior.
“Entonces para octubre de 2024 que es la nueva revisión de la lista negra de la Unión Europea ellos ni nos van a preguntar. Solo van a ver que calificación tiene el país ante la OCDE, y dependiendo de esa calificación toman la decisión de si incluirnos nuevamente en la lista negra o no.”, explicó la funcionaria.
Zamora agregó que, ya se encuentran en contra plazo para remitir este proyecto de Ley a la OCDE, pues deben valorarlo y dar un veredicto antes del 30 de junio del presente año.
OCDE identificó deficiencias
La Viceministra explicó que, en la última revisión que tuvieron del marco jurídico doméstico, la OCDE y los países con los cuales han tenido este tipo de intercambios, identificaron algunas deficiencias.
En primer lugar, que no hay una supervisión por parte de la Administración Tributaria de las entidades financieras que obtienen información de sus clientes no residentes en el país o en su mayoría extranjeros, que es la que se va a compartir a otras partes del mundo.
Otra de las deficiencias señaladas fue que no se puede sancionar a estas entidades por hacer de manera incorrecta la recopilación de los datos.
“Entonces en el 2022 se hace la propuesta en el proyecto de Ley para agregar ciertos ajustes al artículo 106 en este sentido.”, acotó Zamora.
La Viceministra de Hacienda recalcó que, sin esos cambios no se puede cumplir con el estándar de transparencia fiscal a nivel internacional.
