Tras su visita en el mes de octubre.

Gobernanza pública y autonomía del Central, entre los señalamientos del FMI

El Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio, Bo Li, declaró que “Costa Rica está cosechando los beneficios del programa de reformas de las autoridades nacionales”

FMI visita
photo_camera Una comitiva del FMI visitó el país el pasado mes de octubre. Foto: Brandon Esquivel.

Luego de su última visita el pasado mes de octubre, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), concluyó positivamente la revisión de sus programas en el país y, de paso, dejó varias observaciones sobre pendientes por atender.

Una de esas es que se debe seguir mejorando la gobernanza pública y la autonomía del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Así lo señaló el Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio, Bo Li.

“Si bien el Banco Central ejecuta la política monetaria de una manera independiente, tales prácticas deben institucionalizarse a través de la legislación. Es fundamental que la autonomía del Banco Central y otros ámbitos de mejora recomendados en la Evaluación de Salvaguardias 2020 que siguen sin atenderse.”, explicó Li.

En lo que respecta al crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), el FMI señala que se situará en torno al 5% este año, respaldado por el dinamismo de las exportaciones y la recuperación de la demanda a nivel interno.

También prevé que el crecimiento se modere a 3,5% en el 2024, lo cual coincide con la tasa de crecimiento potencial a mediano plazo.

Asimismo, señalaron que la inflación en general ha sido negativa, como consecuencia del descenso en los precios mundiales de las materias primas y una moneda más fuerte que ha contribuido a reducir el precio de los bienes.

“El valor del colón se ha estabilizado cerca de su media histórica en términos efectivos reales y el nivel de reservas internacionales es sólido”, se desprende del comunicado del FMI.

El Fondo espera que la inflación vuelva a situarse dentro del rango de tolerancia del BCCR para mediados del próximo año.

Por otra parte, el FMI considera que los indicadores de capital y liquidez del sector bancario son holgados, y las provisiones adecuadas. Sin embargo, la dolarización sigue siendo elevada.

También afirman que, consecuencia de los esfuerzos del Gobierno por acumular reservas de liquidez, la relación entre la deuda y el PIB ha seguido descendiendo.

“Se espera que la actual contención del gasto público, que debe mantenerse, continúe reduciendo la carga de intereses y de la deuda”, señaló Bo Li.

El personal técnico proyectó un superávit primario de 1,5% del PIB y alrededor de un 2% a mediano plazo.

Otra de las observaciones de Li, es que “Costa Rica está cosechando los beneficios del programa de reformas de las autoridades nacionales”.

Y añadió que, las firmes ejecuciones de los programas del FMI han permitido al país restablecer la confianza en los marcos de política económica, resistir múltiples perturbaciones externas, seguir impulsando reformas esenciales y lograr un crecimiento robusto.

Los desembolsos 

El visto bueno al informe de la Comitiva del FMI que realizó la visita durante el mes de octubre traerá a las arcas nacionales más de $700 millones.

La quinta revisión del programa Servicio Ampliado del FMI (SAF), supone un monto de $276 millones. Mientras que, en lo que respecta al programa Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), su segunda revisión traerá una cifra de $494 millones.

En el caso del SAF, el programa fue aprobado en marzo de 2021 con una duración de 3 años por una suma de $1.800 millones. Además, el programa se amplió por 5 meses más en marzo del año pasado.

Por otro lado, el SRS fue aprobado en noviembre del 2022 por un monto de $725 millones. Su duración coincide con el período restante del SAF, y sus desembolsos dependen de la conclusión de las revisiones pertinentes al SAF, así como la implementación de las medidas de reforma programadas.

Cabe recalcar que, el SRS dará $247 millones producto de la segunda revisión, y otros $247 millones de un desembolso que las autoridades no habían solicitado en el plazo previsto de 30 días posteriores a la primera revisión.