Durante la segunda mitad del 2023, Costa Rica logró el nivel de cumplimiento en 3 de las 6 áreas con tareas pendientes entre los compromisos posteriores al proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Específicamente, la mejora se dio en los ámbitos de política ambiental, gobernanza pública y pesca, según el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.
Ese avance, dijo, fue reconocido en el último informe emitido por el Secretario General de la OCDE. Este reporte funge como un mecanismo de rendición de cuentas que realiza la entidad hacia sus países miembro, presentando el estado de la situación y los próximos pasos que deberá realizar el país para complementar su agenda post adhesión.
En lo que respecta al Comité de Política Ambiental, este reconoció el progreso del país en la implementación de acciones administrativas, de política pública y legislativas en materia ambiental para alinearse más con los estándares e instrumentos legales promovidos por la OCDE.
Por otro lado, el 19 de octubre la organización dio por completadas las recomendaciones pendientes de su evaluación post adhesión en materia de Gobernanza Pública. El cumplimiento fue liderado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).
En criterio de Tovar, esto reflejó el compromiso continuo del país por implementar reformas y políticas de alto nivel que impulsen la eficiencia, transparencia, integridad y la gestión por resultados en el sector público.
Asimismo, en el marco de la reunión del Comité de Pesca en noviembre pasado, la OCDE también dio por concluido el proceso post adhesión en esta materia. El ente reconoció acciones importantes tomadas en cuanto a la reforma de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).
También valoró los pasos dados en materia de control, desarrollo de investigaciones, colecta de datos y gestión de pesquerías.
El Ministro Tovar, señaló que “el cumplimiento ante los Comités de Política Ambiental, Gobernanza Pública y Pesca reflejan que el ímpetu de reforma que caracterizó el proceso de adhesión no se ha detenido.”
Y añadió que, la OCDE ha reconocido lo alcanzado en iniciativas como el principio de quien contamina paga, gobernanza presupuestaria, liderazgo y capacidad de la función pública, Así como la generación de información científica para un adecuado manejo pesquero.
Acuerdo Costa Rica – OCDE
El acuerdo detalla áreas con evaluaciones transitorias posteriores al proceso de adhesión que corresponden a política ambiental, gobierno corporativo de las empresas propiedad del Estado; gobernanza pública; pesca; competencia; químicos; y biotecnología.
También determina la presentación de reportes regulares de avance en otros sectores como mercados financieros, inversión, ciencia y tecnología; empleo, trabajo y asuntos sociales; y estadísticas. Estos reportes se realizan como parte de la participación regular de Costa Rica en esos Comités.
Además, establece la responsabilidad del país en evaluaciones periódicas permanentes en dos áreas en que la organización aplica mecanismos específicos de evaluación: Comité de Análisis Económico y del Desarrollo, y el Grupo de Trabajo de Cohecho.
En este marco, el pasado 7 de diciembre Costa Rica presentó ante el Grupo de Trabajo sobre Cohecho su reporte oral. Allí se reconoció su avance en la aprobación de reformas legales que atienden muchas de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo.
Entre esos esfuerzos se destacan la Ley N°10373 para reformar la normativa anticorrupción y la Ley de Promoción de Denuncias y Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción Contra Represalias Laborales. Esto le permite al país avanzar a la fase 3 de evaluación programada para el 2026.
Finalmente, se rindió cuentas ante el Comité de Estadística y Política Estadística, así como el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (ELSAC).
De esta manera se logró concluir la etapa de implementación de recomendaciones. En esta misma línea, se finalizó la implementación de instrumentos legales en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en Inversión.
