La competencia desleal que se está dando entre los outlets de cajón y los comercios formales es una de las principales preocupaciones para el Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).
Así lo señaló esta mañana en conferencia de prensa el director del OBCI, Ricardo Carvajal.
Según detalló Carvajal, a través de las declaraciones de importación disponibles en el Sistema TICA, identificaron que uno de estos comercios ubicado en Alajuela importó productos varios entre $0,01 y $23,04.
Asimismo, indicó que ese comercio paga entre $1 y $9.99 por importar hornos microondas, mientras que el promedio para una empresa formal es de $165.
Esto también se traslada a otros electrodomésticos como cocinas eléctricas, donde ese establecimiento declaró $5.04, mientras que el promedio de los comercios formales es de $273.
Además, Carvajal manifestó que en otro establecimiento de este tipo, también en Alajuela, identificaron en venta una refrigeradora. Sin embargo, no había registros de importaciones sobre esa mercancía.
Para las autoridades del OBCI y la CCCR es preocupante la proliferación de los outlets de cajón en el país, los cuales ponen en riesgo de supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas, afectan la hacienda pública, la salud de la población y vulneran los derechos del consumidor.
Irregularidades y evasión fiscal
Carvajal comentó que han detectado varias irregularidades en la importación, así como problemas de evasión fiscal.
En esa línea, señaló que operativos del Ministerio Hacienda evidencian que más del 90% de los importadores ingresan mercancías no declaradas. Además, estos declaran un gran numero de partidas arancelarias no sujetas a notas técnicas.
Sobre la evasión fiscal, indicó que los valores declarados son muy inferiores al valor aduanero real, lo que les permite pagar muy pocos impuestos.
Asimismo, muchos de los outlets de cajón se encuentran inscritos ante Tributación bajo el Régimen Simplificado, aún cuando no cumplen los requisitos establecidos.
Sobre este último punto el jerarca de la CCCR, Arturo Rosabal, manifestó que para trabajar bajo ese régimen se deben tener 5 empleados o menos, algo que, cuando se va a este tipo de comercios, se ve que no es así.
Accionar de las autoridades ha sido insuficientes
Desde el OBCI y la Cámara consideran que las acciones que implementan las autoridades correspondientes han sido insuficientes para hacerle frente a esta problemática.
Carvajal señaló que tras 2 años de denuncias de la CCCR, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) solo ha realizado una inspección.
Por su parte, Rosabal indicó que las autoridades le han externado su preocupación, ya que, también el Estado se ve afectado al no recaudar impuestos.
Sin embargo, no ve que estén tomando suficientes acciones para abordar el problema, sobre todo por falta de recursos para combatirlo. Añadió que, el esfuerzo debe enfocarse en la Dirección General de Aduanas para que los contenedores dejen de ingresar al país.
Para el director ejecutivo de la Cámara, Alonso Elizondo, es frustrante ver como “todas estas irregularidades suceden a la vista y paciencia de las instituciones”.
