El acceso oportuno y permanente de la población a los servicios e infraestructura pública del Estado es indispensable para una subsistencia digna y buena calidad de vida. Sin embargo, a lo largo de la historia las demandas ciudadanas por servicios e infraestructura se han encontrado por encima de la oferta estatal, predominando una brecha difícil de cerrar en cuanto a la prestación.
Así lo señala el último informe de la Contraloría General de la República (CGR), sobre “Entornos Urbanos y su relación en la Hacienda Pública: Una perspectiva de los servicios públicos sostenibles”.
La Contraloría logró identificar brechas relacionadas con la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos, el servicio de alcantarillado pluvial, aceras peatonales y carencias relativas al alcantarillado sanitario.
La Política Nacional de Desarrollo Urbano establece que la realidad en materia de cobertura y accesibilidad de servicios públicos e infraestructura es, en su mayoría, de resorte de los gobiernos locales.
Pero, también en lo que toca a servicios como el de saneamiento de aguas residuales se involucra a múltiples actores como Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Empresa de Servicios Públicos Heredia (ESPH) y algunas municipalidades.
En el informe de la Contraloría también se evidencia que aún existe una brecha en los cantones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) en cuanto a la cobertura de recolección de residuos, con una diferencia del 21%.
Además, en ambas regiones analizadas se observa que el servicio de alcantarillado pluvial está lejos de tener una cobertura nacional, ya que, solo se brinda en 16 de los 82 cantones evaluados.
En lo que respecta al saneamiento de aguas residuales, todavía 19 cantones siguen en espera de que se brinde una solución a esta problemática. Los proyectos pendientes se localizan en sectores como Heredia, Barva, San Rafael, San Isidro, Santo Domingo, Turrialba, Talamanca, Palmares, entre otras.
El informe también señala que solo 10 de las 82 municipalidades evaluadas (12%) cuentan con un diagnóstico para conocer las necesidades urbanas de aceras que tiene su cantón, y de esos diagnósticos se desprende que, en promedio, únicamente se han construid cerca del 50% de las aceras que se requieren para atender los requerimientos.
¿Por qué no se compensa? ¿Falta inversión?
Ante las brechas que señala el informe, www.despertar.cr le consultó a la Contraloría por qué la oferta de servicios públicos que brinda el Estado no se compensa dentro del GAM, ya que, más allá de requerir más recursos porque su población es mayor, las municipalidades de estos cantones recaudan más impuestos.
El Órgano Contralor señala que no podía responder ese punto porque ese no fue el tema de estudio. Además, indica que las brechas identificadas se asocian con servicios públicos a cargo de otras instituciones.
“No ha sido el tema de objeto de estudio o fiscalización por lo que no podemos dar criterio al respecto. No obstante, se aclara que los 82 gobiernos locales tienen distintas asimetrías y realidades. Además, algunas de las brechas identificadas se asocian con servicios públicos a cargo de otras instituciones como el de alcantarillado sanitario, o el servicio de telecomunicaciones y agua potable en comunidades vulnerables”, señaló Xinia Valverde, de la oficina de prensa de la institución, citando una respuesta del Área de Fiscalización para el Desarrollo Local..
Nuestro medio también consultó sobre si los cantones rurales no requieren una mayor inversión en servicios públicos, ya que, en estos hay menos población y por ende la recaudación de impuestos es menor.
La Contraloría indicó nuevamente que no ha sido el tema de estudio, pero que hay servicios municipales que deberían brindarse a todos los cantones, aunque, hay otros servicios en los que se puede justificar su principal implementación en las áreas urbanas.
“En este sentido, algunos servicios municipales como el de recolección de residuos tienen que brindarse a toda la población, ya sea rural o urbana. Mientras, que otros servicios podrían justificarse principalmente en zonas urbanas, por ejemplo: el alcantarillado pluvial o limpieza de caños.”, concluyó el Órgano Contralor.
