La Contraloría General de la República (CGR), emitió un informe sobre los procesos de contratación administrativa que realiza el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), para determinar su apego a la normativa aplicable e identificar posibles riesgos en la adquisición de bienes.
Para esto la CGR revisó contrataciones por un monto superior a los ₡730 millones, las cuales representaban un 11,6% del total de compras de bienes efectuadas en el período de estudio (1 de enero 2019 – 31 de diciembre 2022).
Dentro de este marco la Contraloría identificó que el INDER no verificaba la existencia de los bienes a contratar antes de dar inicio al procedimiento de compra. Ello lo atribuyó a la ausencia de un inventario institucional.
Añadió que en los expedientes que se revisaron en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la entidad no incluía la decisión inicial de la compra.
Por ello, no se podía establecer la vinculación de las contrataciones con los planes a mediano y largo plazo; plan anual operativo, presupuesto y Plan de Adquisiciones Institucionales (PAI).
Para el Órgano Contralor los problemas se originan en la carencia de un proceso institucional para planificar las compras de unidades que vinculen sus necesidades con la programación temporal, presupuestaria y los requerimientos específicos de los bienes a adquirir.
La implementación de lo anterior permitiría asegurar que el plan de compras de la entidad se realice conforme con lo establecido en la normativa aplicable, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo Rural Territorial y el Plan Nacional de Desarrollo.
Por otro lado, no todo es negativo. Entre los elementos que si se cumplen al momento de iniciar el proceso de compra, el informe destaca la descripción del objeto contractual, control de calidad, estimación de costos, descripción del encargado del contrato y la confección de cronogramas.
Bienes sin vinculación
El estudio de la CGR indica que en el INDER no se desarrolla un proceso de seguimiento que verifique el grado de cumplimiento de las programaciones a largo plazo definidas por la misma entidad. Ni tampoco uno que permita comprobar si siguen acorde a las necesidades actuales o por el contrario requieren un reajuste.
“La situación evidenciada genera que el INDER pueda estar comprando bienes sin una vinculación clara con su finalidad institucional.”, detalla el informe.
Añade que, la conformación actual del PAI afecta la confiabilidad, calidad e integridad de los procedimientos de compra. Asimismo, la transparencia, el control público y la rendición de cuentas institucionales.
La Contraloría también determinó que el INDER presenta un cumplimiento bajo en la planificación de contratación de bienes.
Al respecto, se encontró que el PAI no detalla los bienes a comprar, sino que establece montos por tipo de bien o servicios a contratar, lo que impide conocer los bienes específicos por adquirir.
El informe indica que al no tener un detalle específico de las compras que se van a realizar, no es posible asegurar que la presupuestación de los recursos para la compra de bienes atienda a las acciones planificadas por las unidades institucionales.
Además, la ausencia de estos detalles les impide a potenciales oferentes conocer la demanda que va a tener en un período determinado la entidad. Mientras a la ciudadanía le priva de ejercer control de la contratación de bienes en la institución, según la Contraloría.
El informe no clarifica si a la fecha se han corregido las deficiencias.
