En Costa Rica no existe un equilibrio entre el crecimiento económico y la recaudación tributaria, lo que limita la inversión en servicios públicos para la población nacional, que se ve afectada por la deuda pública que el año pasado llegó a niveles del 63.8 % del PIB, y porque el gasto público que más crece es el pago de intereses.
En el informe Estado de la Nación 2023 señala que el crecimiento económico de 2022 fue de 4.3%, pero esto no va de la mano con la recaudación de impuestos, porque la economía tradicional crece mucho menos que el régimen especial de zonas francas.
“Las empresas que operan dentro de las zonas francas están exoneradas de pagar la mayor parte de los impuestos, de tal manera que tienen bajo impacto en los ingresos del Gobierno, que se utilizan para atender las necesidades de la población, como la educación e infraestructura pública” destacó la investigadora Pamela Jiménez Fontana.
Añadió que los datos siguen mostrando que el rezago de la productividad fuera del régimen especial limita el crecimiento equitativo de la economía. En 2022, las zonas francas crecieron un 11.9%, mientras que las empresas tradicionales, un 3.4%.
Lo que en el Informe llaman un “problema estructural”, genera que la carga tributaria recaiga con mucha fuerza en las empresas fuera de las zonas francas, que son las que menos crecen, por operar en un clima de negocios más adverso.
Afectación al desarrollo humano
El déficit fiscal de Costa Rica fue del 2.5% del PIB en 2022, el más bajo en los últimos 14 años. No obstante, él logro conlleva una serie de recortes en los servicios sociales, que impactan directamente el desarrollo humano, porque el presupuesto de educación, salud, vivienda y cultura se precipitó del 13% al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2020 a 2023.
De acuerdo con Pamela Jiménez, gestionar el reto fiscal pasa por una discusión impostergable sobre la sostenibilidad del balance financiero del país y el funcionamiento de los instrumentos de control fiscal.
“El equilibrio fiscal consiste en asegurar que el Gobierno tenga una gestión que le garantice suficientes ingresos para atender las necesidades de la población y en aplicar mecanismos robustos de control de gasto”, agrega Jiménez Fontana.
El Gobierno se ubica en el umbral más restrictivo de la regla fiscal, lo que limitó el gasto público en 2022 a tan solo el 1.96% del PIB.
“En un contexto de vulnerables finanzas públicas, el principal reto es lograr un equilibrio entre mejorar la sostenibilidad del fisco y reducir las presiones de la deuda sin recortar programas que, históricamente, le han permitido al país avanzar en materia de desarrollo humano”, concluyó Jiménez.
