El sistema de educación pública sigue perdiendo atractivo entre la población joven, según estudio de la la Contraloría General de la República..
Un reciente estudio del ente contralor permite ver como la cobertura de sus servicios, pasando de 100.600 personas en 2019 a 91.300 en el 2022. La auditoría comprendió las escuelas y los colegios nocturnos, los colegios a distancia, los Centros Integrados de Educación de Jóvenes y Adultos (CINDEA) y los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC).
En ese período solo las Escuelas Nocturnas lograron aumentar su matrícula, mientras que en otras modalidades disminuyó, evidenciando una clara dificultad por mantener a la población joven y adulta de nuestro país dentro del sistema educativo.
Si se analizan las matrículas por nivel educativo, la cantidad de estudiantes de bachillerato, así como los de l y ll ciclo creció durante el período analizado. Mientras que la cantidad de personas que buscan terminar el lll ciclo se redujo en un 22,3%.
A nivel de edades la mayor disminución se da en el grupo que abarca de los 18 a los 24 años. El de más crecimiento es el de las personas mayores a 40 años, con un 68%.
La mayoría de quienes ingresan a estos sistemas de educación no provienen directamente del sistema educativo tradicional. Sino que son personas que suman más de 20 años de haber abandonado los centros educativos.
Esto refleja una transformación en la composición interna de los estudiantes dentro de los programa, pasando de una concentración de 62,5% de menores de 25 años en 2019 al 53,8% en 2022.
En cuanto a sexos se refiere, ambos presentan una disminución en las matrículas. Los hombres pasaron de 48.532 en 2019 a 40.430 en 2022, mientras que las mujeres, de 52.068 a 50.897 en el mismo período.
Los datos, según la Contraloría, reflejan una disminución en la cobertura de los servicios, teniendo un decrecimiento de 8,5%.
Por otro lado, el programa cuenta con limitados canales de divulgación para darse a conocer, por lo que se dificulta atraer a los potenciales usuarios.
La limitada cobertura restringe las posibilidades de las personas de completar sus estudios de primaria o secundaria. Eso, a su vez afecta las posibilidades de mejorar sus condiciones laborales y familiares, manteniendo a estas personas en condición de vulnerabilidad y limitando la producción del país, señala el informe.
Ausencia de capacitación docente
El programa presenta una ausencia en la capacitación de los docentes en técnicas para educación de su población objetivo. El servicio se presta usando técnicas de mediación pedagógica para niños y adolescentes, indica la entidad contralora.
El Ministerio no determina el estado actual de las competencias requeridas para el personal docente que imparte estos servicios. Adicionalmente posee vacíos de información en cada modalidad, en virtud de la carencia de acciones de seguimiento requeridas.
Si bien el MEP realiza una evaluación anual de desempeño, utilizando formularios de evaluación y calificación de servicios docentes, no aplica una evaluación específica para la especialidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
A partir de cuestionarios aplicados a directores y docentes de centros educativos con estas modalidades, se reiteró la importancia de las técnicas de enseñanzas orientadas a las personas adultas como método para mejorar la calidad de educación que se brinda.
La falta de esas capacidades en la educación para personas jóvenes y adultas obedece a que, si bien se contemplan en la formación de los maestros, no es un requisito que se exige para los nombramientos.
También se atribuye a la limitada oferta de carreras especializadas en los centros de educación formal superior y las limitadas capacitaciones que reciben los docentes. Así como la poca estandarización en los recursos utilizados por los profesores para desarrollar el aprendizaje.
Todo esto deriva en un efecto negativo para la población estudiantil de este servicio, ya que, el personal docente posee mayoritariamente formación en educación infantil. Por lo que carece de la mediación necesaria para las necesidades de aprendizaje de los jóvenes y adultos, concluyó la Contraloría.
