El acelerado crecimiento urbano genera preocupación. Esto porque el Estado empieza a quedarse atrás. Con base en datos de la Gran Área Metropolitana (GAM), la tendencia futura de la urbanización podría llegar a costarle al Estado ₡47.000 millones anuales por cantón debido a la provisión de servicios e infraestructura.
Así lo señala la Contraloría General de la República (CGR), en su informe sobre los "Entornos Urbanizados y su relación con la Hacienda Pública, una perspectiva de servicios públicos sostenibles".
Las limitaciones de disponibilidad y acceso a servicios públicos básicos e infraestructura social, no hacen más que evidenciar que el Estado no ha logrado llevar el mismo ritmo que ha traído el crecimiento urbano en el país. Por esto, se ha quedado atrás en la atención universal de ciertas necesidades ciudadanas, apunta el informe.
Esto repercute en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades y se convierte a la vez en un obstáculo para un desarrollo urbano sostenible.
Diversas ciudades ya están pagando un precio por no estar preparadas con los servicios e infraestructura que demanda la vida urbana, y que, en contextos actuales como el cambio climático y demográfico, cobrarán mayor relevancia.
Este rápido crecimiento urbano que experimenta el país ha tenido un efecto sobre la Hacienda Pública. La Contraloría constató que el crecimiento urbano en las ciudades del GAM, ha implicado una mayor demanda de servicios públicos y un mayor gasto público.
El informe señala que se observa como la tendencia ha sido destinar más recursos para atender las crecientes necesidades ciudadanas de infraestructura y servicios públicos. No obstante, las brechas en esta materia se han mantenido a lo largo de los años.
En la actualidad, la situación se va tornando más difícil de atender y resolver, debido al limitado contexto fiscal que atraviesa nuestro país y sus instituciones públicas. Lo que hace aún más imperiosa la búsqueda de la eficiencia en el gasto público como respuesta a esta compleja condición.
Crecimiento acelerado y desordenado
En lo que respecta al crecimiento urbano, los datos del Banco Mundial muestran como en los últimos 30 años, Costa Rica pasó de un 50% a un 81% de población urbana. A este comportamiento demográfico se le suma el crecimiento constructivo que se ha llevado a cabo a un ritmo diferente y con realidades territoriales, demográficas y socioeconómicas distintas.
Para la Contraloría esto deja en evidencia que el urbanismo tiene un crecimiento acelerado y desordenado.
La sociedad costarricense se ha vuelto cada vez más urbana, pero lo cierto es que ese comportamiento no ha sido uniforme y ha tomado distintos matices según la región y cantón que se tomen como referencia.
La GAM se conforma por 31 cantones y sus respectivas ciudades. Existen otras ciudades que no forman parte de la GAM y que por su tamaño y características han sido denominadas Ciudades Intermedias, entre ellas: San Isidro del General, Quesada (según la División Política-Administrativa de CR), Turrialba, Liberia, Puntarenas, Limón y Guápiles.
Por otro lado, los 50 cantones ubicados fuera del GAM destacan por tener una extensión territorial casi 3 veces más que el promedio nacional y 9 veces más que la GAM. Junto al territorio que poseen, estos cantones se distinguen además por tener un bajo número de habitantes por km2, menos porcentaje de población urbana y un menor porcentaje de territorio edificado.
Además, los datos revelan que los cantones con mayor crecimiento constructivo son los que se ubican en su mayoría en la GAM. Su incremento constructivo (período 2017 – 2021) fue muy superior al promedio de crecimiento nacional (8,6%), ya que alcanzaron tasas de entre 15% y 22%.
Durante ese mismo período, la mayoría de los 50 cantones fuera dela GAM se ubicaron por debajo del promedio del crecimiento constructivo nacional. Se destacan casos como el de León Cortés, Guácimo, Turrialba, Tilarán, entre otros, cuyos promedios fueron menores a 3,8%.
