La Contraloría General de la República (CGR), realizó un seguimiento y análisis a 39 fideicomisos públicos vigentes al 30 de junio de este 2023, los cuales eran administrados por 33 fideicomitentes públicos y 6 fiduciarios, quienes gestionaban ₡2,3 billones en activos y ₡761 mil millones en pasivos.
A partir de información suministrada por los mismos fideicomisos, la Contraloría determinó que el 89,7% alcanzó niveles básicos e intermedios, pero ninguno logró el nivel más alto. Esta es una situación que evidencia brechas significativas en la aplicación de prácticas de gestión indicó la CGR.
Precisamente, en esa línea el nivel de gestión de los fideicomisos refleja poco desarrollo, tanto del fideicomiso como del fideicomitente, indicó la entidad Contralora.
Por ello se requiere evolucionar hacía una administración integral, estratégica y sistémica en razón del cumplimiento de los objetivos contractuales, los cuales puedan contribuir a la continuidad de los servicios que brindan las instituciones.
Además, las entidades públicas en su rol de fideicomitentes requieren ejecutar una participación activa en la gestión, toma de decisiones estratégicas, ejecución de controles y monitoreo; como de los avances y alcances del fideicomiso.
El Órgano Contralor señala que, también es necesaria una mayor transparencia en la custodia, manejo y comunicación de la información acerca de los fideicomisos. De manera que se promuevan acciones para la protección de los recursos públicos.
A través del citado seguimiento, la Contraloría señala que 9 fideicomisos iniciaron su proceso de finiquito debido a insolvencia financiera o cambio de las condiciones (6) la conclusión del contrato (3).
Índices de fideicomisos
Los fideicomisos presentan 4 índices, los cuales son competencias y operación; estructura y formalización; gestión operativa, transparencia y rendición de cuentas; y la obra pública.
En lo que respecta a competencias y operación, la mejor práctica implementada es la definición de la normativa (pagos, apertura de negocios, elaboración de informes, entre otros), pues lo cumplen el 100%.
El peor porcentaje lo presentó la política de actividades de control relacionadas con el manual de compras, cuyo porcentaje apenas llega a 16,7%.
En el rubro de estructura y formalización, lo que más destaca es la claridad de los detalles en los contratos, con un 97,4%. Mientras que, el establecimiento de mecanismos sancionatorios para cada una de las partes en los contratos es el peor apartado, con 46,2%.
El ámbito de gestión, transparencia y rendición alcanza el 100% en el trabajo colaborativo entre fideicomiso y fideicomitente. Por otro lado, la práctica con menor resultado de implementación es la identificación de riesgos de legitimación de capitales y riesgos fiscales con 15,4%.
Por último, con respecto a la obra pública la mejor calificación (90,9%) se da en “la gestión del fideicomiso de obra pública dispone de cambios en el plano final con respecto al diseño inicial.”
La peor (9,1%) se da en la “etapa previa y de ejecución de la obra no se han presentado cambios durante la etapa constructiva.”
Índice de fideicomitentes
Para los fideicomitentes los índices que se califican son estructura y formalización; gestión operativa, transparencia y rendición de cuentas; control de los beneficios del fideicomiso y la obra pública.
El establecimiento de mecanismos de control para garantizar el control presupuestario de los recursos (78%) es la práctica con mejor resultado de implementación en el rubro de estructura y formalización.
Mientras que, la peor se presentó en la realización de una evaluación de la viabilidad del fideicomiso antes de su creación (14,6%).
Por otro lado, en gestión, transparencia y rendición, la promoción del trabajo colaborativo entre departamentos de la Unidad Fiduciaria es lo que más destacó con 78%. Caso contrario a los procedimientos de gestión financiera del fideicomiso asociados a la mitigación del impacto de las condonaciones de deuda, cuyo valor apenas llegó a 4,88%.
En el control de los beneficios del fideicomiso, el papel de la institución por disponer de mecanismos para la obtención de beneficios es la de mejor calificación (68,8%), mientras que, el análisis de satisfacción del fideicomisario acerca de los beneficios obtenidos (11,1%) la peor.
Finalmente, la definición de aspectos previos al costo total es el porcentaje más alto en obra pública con 81,8%. La peor implementación de resultados le corresponde a la definición de aspectos previos en el plan de relocalización de servicios con 18,2%.
