"La presente Ley tiene por objeto autorizar y regular la exploración y explotación de la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris del cantón de San Carlos de la provincia de Alajuela".
Así de claro quedó el planteamiento del Poder Ejecutivo respecto de lo que debe hacerse para poner fin al caos imperante en la mina de Crucitas, a partir de la salida de Industrias Infinito. Y está plasmado en un proyecto de ley que comenzó a socializar entre los diputados a la Asamblea Legislativa.
Todo ello, con el afán de obtener al menos un 5% del valor de las ventas brutas de la empresa que termine por llevarse la concesión, pago que se haría en los primeros 30 días naturales del año. Los fondos irán al Gobierno Central.
La iniciativa le da potestades al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para autorizar "permisos y concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto únicamente en el distrito de Cutris del cantón de San Carlos".
Eso sí, de acuerdo con el proyecto, se elimina el requisito del visto bueno por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para la obtención de los permisos de exploración, lo cual le impedirá a esa dependencia oponerse al proceso. Así, se introduce una reforma específica para este caso al artículo 25 del Código de Minería.
Además, se establece que no habrá límite en cuanto al número de concesiones que se puedan otorgar, siempre y cuando se cumplan los procedimientos establecidos. Y, luego, se podría ampliar el área concesionada hasta en un 50 por ciento.
El proceso no sería abierto, sino que el MINAE invitaría a las empresas interesadas en participar a un proceso de precalificación, con base en un reglamento que elaboraría el Poder Ejecutivo.
Una vez completado ese proceso, se abriría una subasta pública minera, "bajo la modalidad denominada subasta simultánea", a la que solo pueden acceder las empresas preseleccionadas. Quien ofrezca la mayor oferta económica, será quien sea seleccionado.
La concesión incluiría "el beneficio, la fundición, la refinación, la comercialización, la exportación, recuperación ambiental y cierre de la mina", según el proyecto de ley.
Sin embargo, la concesión solo cobrará vigencia una vez que el Consejo de Gobierno adopte la resolución correspondiente. Y en ella se "incluirá la determinación del royalty que el contratista entregará al Estado, por medio del MINAE, durante el período de explotación".
Desde el Poder Ejecutivo se les expuso a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa la propuesta en busca de retroalimentación.
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández argumentó la necesidad de atender la grave crisis ambiental y de inseguridad que se vive desde hace muchos años en la zona de Cutris.
Para Fernández, las explotaciones en Cutris se someterán a un proceso de subasta al alta, partiendo de una tarifa “piso” para la onza de oro, que le va a generar más ganancia al país.
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, explicó que se esta construyendo una propuesta con especialistas en geología y minería, donde se busca una explotación ordenada del recurso, adecuada a las características de la zona y resguardando el medioambiente.
