Abrir las cuentas bancarias del presidente Rodrigo Chaves, del canciller Arnaldo André, y de la diputada Pilar Cisneros fue una de las solicitudes concretas planteadas al Ministerio Público por parte de la Comisión Legislativa que investigó el financiamiento a los partidos políticos durante la campaña para las elecciones de 2022.
A la lista también se suman el ex asesor del mandatario, Federico Cruz, y el empresario Calixto Chaves, quien aportó dineros para la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Este lunes la Comisión votó afirmativamente un informe de mayoría suscrito por los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Partido Liberal Progresista (PLP).
Entretanto, el PPSD presentó un informe de minoría, mientras que el diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República no se presentó a la sesión. Vale decir que en el informe de mayoría también se le pidió a la Fiscalía investigar a esta agrupación por una aparente estafa.
La Comisión analizó las supuestas estructuras irregulares de financiamiento a favor del Partido Progreso Social Democrático, durante la campaña presidencial del 2022 y consideró que hay elementos para pensar que la agrupación no reportó dineros que utilizó en la contienda y que provinieron de aportes de particulares.
La legislación electoral obliga a los partidos a informar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de todas las contribuciones que ingresen a sus arcas, en aras de garantizar la transparencia del proceso electoral.
Además, los legisladores estimaron que hubo un abuso de parte de los dirigentes de Progreso Social en el manejo de los bonos de deuda política, toda vez que hicieron colocaciones con descuentos de incluso más de 40 por ciento.
Esa situación habría generado ganancias elevadas a dirigentes de la campaña entre las cuáles se cita la diputada Cisneros, y al empresario Calixto Chaves.
El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, dijo que se pidió investigar al presidente Chaves toda vez que entre toda la documentación recaba por la Comisión, hay una nota en la que el mandatario reconoce que sabía de la existencia de un fideicomiso a través del cual se manejaron dineros de la campaña.
Pero, curiosamente, esos dineros no fueron reportados oportunamente ante el TSE, lo que eventualmente podría constituir un delito conforme con la normativa electoral.
A la lista de personas por investigar también se suman Sofía Agüero y Jack Loeb Casanova, de acuerdo con el informe de la Mayoría.
En el informe se concluye que el fideicomiso “Costa Rica Próspera” fue utilizado para pagar gastos de campaña del PPSD, lo que constituye una anomalía.
Algunas recomendaciones
- Remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público para que valoren si existen elementos que contribuyan a las investigaciones presentadas por cada instancia.
- Se recomienda normar o impedir endosar bonos electorales a cambio de bienes, servicios o créditos que pretendan evadir los controles de donación ante el TSE.
- Diseñar procedimiento y mecanismos de fiscalización para que se prohíba utilizar a ciudadanos costarricenses como testaferros de personas extranjeras que quieran usufructuar con la democracia costarricense.
- Dictaminar y dar prioridad a iniciativas de ley que permitan cerrar portillos o comportamientos y prácticas delictivas o de insana participación y competencia.
- Tramitar iniciativas de ley que permitan profundizar o fiscalizar el financiamiento a favor de partidos políticos, procedencias o no de responsabilidades políticas y uso adecuado de tecnologías de información y redes sociales. Lo anterior en virtud de que se documentaron transferencias de fondos provenientes de extranjeros a un ciudadano costarricense para que este a su vez se lo done a un partido político o bien compre bonos electorales, en clara intención de eludir la prohibición de ley.
Cabe recalcar que también como recomendaciones los diputados le sugieren al Ministerio Público investigar un posible fraude de ley en el caso de un préstamo otorgado por la empresa Hacienda Solimar S.A al Partido Nueva República.
