Una de las razones por las cuales la Contraloría General de la República (CGR) tuvo una opinión adversa sobre los Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República 2023 fue el tema de los gastos sin registrar, que ascendieron a ¢490.641 millones.
Este fue uno de los puntos que explicó la contralora Marta Acosta en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en la que habló sobre los informes que presentó la CGR el 1 de mayo relativos al ejercicio presupuestario del 2023.
Explica que, estos gastos sin registrar inciden en el incremento del cálculo del déficit financiero del gobierno central en un 1% del Producto Interno Bruto.
Esta suma está compuesta principalmente por transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social por un monto de ¢462.394 millones, por facturas por cuotas estatales, aportes al seguro de pensiones y otros cobros, realizados por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el régimen especial de pensiones.
El resto de estos gastos sin registrar se componen de:
1. Aportes patronales y estatales no registrados por el MEP y cobrados por JUPEMA por ¢16.857 millones.
2.¢7.893 millones en remuneraciones en el MEP.
3. Resoluciones administrativas no registradas por ¢2.281 millones.
4. Otras omisiones de gastos por ¢1.216 millones, principalmente por salarios no pagados en el Ministerio de Salud (¢804 millones).
“Estas omisiones se generaron principalmente por la falta de contenido presupuestario y la fecha de ingreso de los documentos imposibilitaron su pago. Además, se revelaron de manera parcial en los informes de liquidación presupuestaria” señaló Acosta.
Ante la pregunta del diputado Eliecer Feinzaig sobre si las facturas que corresponden a estos gastos fueron pagadas, la Contralora aclaró que, los servicios se presentaron a las instituciones porque las facturas estaban, pero, no se pagaron ni devengaron.
Ingresos no registrados
En el punto de los errores detectados en los ingresos, la Contraloría identificó ¢10.865 millones que no fueron incluidos como ingresos sino como parte de los pasivos, afectando la integridad de los saldos y la calidad de la información y ¢ 9.856 millones en recursos que permanecen en cuentas corrientes de instituciones en bancos estatales, que no se trasladaron al Fondo General del Gobierno.
Marta Acosta expresó que esto afecta la integralidad, universalidad y la calidad de la información de los recursos públicos.
Además, ¢1.159 millones fueron categorizados como ingresos no clasificados. Por otro lado, ¢25.844 millones correspondientes a intereses moratorios por atraso en pago de impuestos fueron clasificados como ingresos tributarios.
Caída de los ingresos
En la parte de la presentación en la que la Contralora se refirió a la Memoria económica de 2023, Marta Acosta señaló que los ingresos cayeron el año anterior, terminando la tendencia al alza que mantenían desde el 2020.
“Otro tema relevante es la caída de los ingresos, que se refleja en una menor carga tributaria del 14.1% al 13.6%. Se deriva de factores como la apreciación cambiaria que afectó entre un 0,4% y un 0.6% del PIB por la incidencia en los impuestos aduaneros. Asimismo, el deterioro en el rendimiento del impuesto a los combustibles y el impacto de la Ley 10.390 incidieron sobre la desaceleración de la recaudación” comentó Acosta.
Esa caída en los ingresos se vio acompañada por un aumento en el déficit financiero del gobierno central 0.8% en comparación con el 2022, rompiendo la tendencia de mejoría.
“Uno de los factores que ha incidido en el déficit financiero es el pago de intereses variable, que presenta un crecimiento del 10%, en un contexto donde el resto del gasto total se mantiene estable, dejando poco margen para atender las necesidades públicas” expresó la Contralora.
Acosta agregó que, el gasto en relación con el PIB en materias como educación y salud decayó, mientras que en seguridad se mantuvo.
