El nuevo proyecto de Ley Jaguar presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa generó muchas dudas entre diputados de distintas fracciones.
La iniciativa llegó al Congreso menos de 24 horas después que la Sala Constitucional declarara inconstitucionales cuatro artículos de la propuesta original que había elevado ante el Congreso el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El diputado de la Fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) Eliécer Feinzaig, señaló que el presidente Chaves parece vivir en una realidad paralela al salir a celebrar que la Sala Constitucional rechazó todos los artículos del proyecto original consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Para Feinzaig la falta de conocimiento del procedimiento en la Asamblea por parte de Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández es muy claro ante las declaraciones realizadas por esta en el sentido de que no será necesario hacer nuevas consultas a la Sala Constitucional.
“Expediente nuevo indica que hay que hacer consultas. Eso quedará en potestad de los diputados si la presentan o no, sobre todo si el expediente requiere que la Asamblea lo conozca y no solo para mandar a referéndum”; concluyó Eliécer Feinzaig.
También el jefe de fracción del PLP, Diego Vargas, lamentó que los jerarcas del Poder Ejecutivo se enfoquen más en la narrativa que en dar soluciones a los problemas que enfrenta el país.
Vargas agregó: “nosotros seguimos diciendo que no puede ser un discurso, sino un tema de responsabilidad. No queremos seguir en esta narrativa, porque lo que generan es un discurso donde la ciudadanía sigue comiendo cuento y perdiendo el tiempo y hoy nos hacen perder el tiempo".
Vargas lamentó que el Ejecutivo insista en politizar el país y no presentar soluciones a problemas concretos. "A este Gobierno le da pereza hablar de cosas serias"
Entretanto, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Oscar Izquierdo fue enfático en que se debe esperar el fallo completo de la Sala Constitucional para tener un criterio más amplio.
Además, Izquierdo le hizo un llamado a Chaves para tener calma ante la resolución y lamentó que el Poder Ejecutivo esté "manoseando" la herramienta democrática del referéndum con este tema.
"Me parece sorpresivo presentar ahora un nuevo proyecto de ley, sin tener la resolución integral de la Sala", añadió el jefe de fracción liberacionista.
Izquierdo señaló que el Ejecutivo se equivocó al presentar el proyecto de “Ley Jaguar”, y que no es la primera vez que un proyecto llevado desde Casa Presidencial se estrella y es rechazado por graves errores.
Desde la bancada del Frente Amplio, Antonio Ortega, jefe de fracción, indicó que es una vergüenza que el Gobierno siga con “su show” y que ni siquiera se puedan poner de acuerdo para mentir.
Añadió que es evidente que al Poder Ejecutivo no les interesa el proyecto de Cuidad Gobierno, no le interesa JAPDEVA ni la obra pública, porque como gobierno no tiene ningún proyecto político.
Ortega agregó que la insistencia es por tratar de resucitar la Ley Jaguar de una manera más desnutrida, pero igualmente peligrosa, porque lo que busca es vaciar de contenido, vaciar la legislación en la contratación pública y dejar en el aire los roles de la Contraloría General de la República, en materia de fiscalización y denuncia de los actos de corrupción.
La jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) María Marta Carballo sostuvo que ante el resultado negativo de la consulta de la Ley Jaguar ante la Sala Constitucional, el Poder Ejecutivo lo que está haciendo es salir del problema al eliminar algunos artículos en la nueva propuesta.
Según Carballo lo que deben hacer es una redacción diferente para que logre el objetivo final que se persigue.
La jefa de fracción socialcristiana agregó que presentó una propuesta equilibrada y viable, sin vicios de inconstitucionalidad para permitir el desarrollo eficiente de infraestructura en el país, tras declararse inconstitucional la Ley Jaguar.
"Para la fracción es trascendental agilizar los procesos de contratación, actualizar la legislación y mantener los controles necesarios que permitirán garantizar la calidad y transparencia de los contratos del Estado. Asimismo, aclarar las competencias de la Contraloría General de la República (CGR), en relación con el control interno y su papel de fiscalizador de la hacienda pública", dijo Carballo.
Al mismo tiempo, la fracción socialcristiana planteó la dispensa de trámites a un proyecto de ley que busca que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAVDEVA) pueda desarrollar alianzas estratégicas en iniciativas de infraestructura.
Por ahora, esos proyectos no han recibido el respaldo de la fracción oficialista en la Asamblea Legislativa.
