Roberto Rímola

Alcalde electo detenido en Parrita podría asumir su cargo

Roberto Rímola (izquierda, participó el 12 de marzo pasado en una reunión de alcaldes electos de Puntarenas y Limón, en Casa Presidencial.
photo_camera Roberto Rímola (izquierda, participó el 12 de marzo pasado en una reunión de alcaldes electos de Puntarenas y Limón, en Casa Presidencial.

La detención del alcalde electo de Parrita, Roberto Rímola, no le impediría, en principio, asumir el cargo el próximo primero de mayo, conforme con la normativa vigente.

Rímola fue detenido la mañana de este martes, en medio de un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a solicitud del Ministerio Público. Se le investiga por varias denuncias de fraude con propiedades.

Su detención se da luego que se le abriera una causa en enero de este año cuando se recibieron denuncias de supuestos fraudes ya que presuntamente en su desempeño como notario, firmó documentos para imponer hipotecas a viviendas y venderlas sin el permiso de los dueños.

Rímola, de hecho, es actualmente el segundo vicealcalde de Parrita, y se postuló a la alcaldía para las elecciones del cuatro de febrero pasado con el Partido Nueva República.

Cargo pendiente

Según el Código Municipal el alcalde electo podría asumir el puesto el próximo 1 de mayo ya que mientras dure la investigación judicial aplica la presunción de inocencia. Por ello, no existe ningún tipo de impedimento para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le tome juramento.

Pero. si luego de la causa llega a juicio y es sentenciado con una condena firme, perdería el cargo en tanto deba cumplir condena de prisión, pues esto le imposibilitaría materialmente el ejercicio de sus responsabilidades.

El Código Municipal establece en su artículo 18 los términos aplicables:

         Artículo 18. - Serán causas automáticas de pérdida de la credencial de alcalde municipal:
a) Perder un requisito o el adolecer de un impedimento, según los artículos 15 y 16 de este código.
b) Ausentarse injustificadamente de sus labores por más de ocho días.
c) Ser declarado, por sentencia judicial firme, inhabilitado para ejercer cargos públicos.
d) Incurrir en alguna de las causales previstas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 66 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,  N° 8422 del 6 de octubre del 2004)
e) Cometer cualquier acción sancionada por la ley con la pérdida del cargo para funcionarios de elección popular.
f) Renunciar voluntariamente a su puesto.

Ante la detención de Rímola, el legislador Fabricio Alvarado, presidente del Partido Nueva República, expuso que durante la Asamblea local para ratificarlo candidato, no existía ningún tipo de denuncia en su contra, por lo que no hubo impedimento para que tomara un lugar en la papeleta.

Cabe destacar que cuando los candidatos son inscritos ante la dirección de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, ellos verifican que cumplan con los requisitos para su inscripción. 

El legislador manifestó que lo sucedido les tomó por sorpresa y se disculpó con los habitantes del cantón. Dijo que les apena y preocupa.

Alvarado agregó que está solicitando mayor información para poder tomar decisiones. Anticipó que si Rímola no puede demostrar su inocencia, le pediría que desista o renuncie.

El operativo

La policía judicial informó que recibió denuncias de personas que indicaron que sus propiedades estaban hipotecadas o vendidas; sin que ellos hubiesen hecho ningún trámite.

En el operativo se ejecutaron cuatro allanamientos, tres en viviendas y uno en una oficina del abogado, en que también se detuvo a una mujer de 67 años, de apellido Real, y un hombre de 53 años de apellido Retana, informo el OIJ.

El subdirector interino del OIJ, Edwin Obando explicó que el operativo se realizó por seis denuncias de víctimas que detectaron que en sus propiedades tenían alguna anotación o fueron traspasadas.

Obando agregó que en el cantón de Quepos se tiene la sospecha de otros casos similares en donde se cree que estaban utilizando el mismo “modus operandi”.