El presidente de la República, Rodrigo Chaves lanzó fuertes críticas al fiscal general de la República, Carlo Díaz, y acusó a la Fiscalía General de intimidar a su administración, enviando el mensaje de que se cuiden los funcionarios públicos.
En conferencia de prensa limitada al tema de la investigación que mantiene la Fiscalía contra la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel y varios directivos y exdirectivos de la entidad, Chaves dijo que hablaría con muchísima serenidad y paz, con mensajes claros, pero fuertes.
Sostuvo que la forma en que actuó la Fiscalía es inaceptable, en referencia al hecho de que se haya procedido a detener a Esquivel una vez que se presentó a los tribunales de justicia en Pérez Zeledón, donde se encontraba tras pasar el fin de semana en la zona sur.
Insistió en que “es razonable pensar que la Fiscalía está usando su músculo para amedrentar, intimidar y abusar”.
“Hemos vivido puntos negros en la historia de nuestra patria. Todos hemos sido testigos de cómo la Fiscalía General de la República abusó de su poder… intimidando al Gobierno”, apuntó Chaves.
Agregó que entre quienes le acompañaban en la conferencia de prensa -ministros y presidentes ejecutivos- solo faltaba “una mujer valiente”, en referencia a Esquivel, que se mantenía a esa hora en una audiencia de medidas cautelares en los tribunales de justicia del Segundo Circuito Judicial de San José.
“Usted cuenta con todo mi apoyo, mi respeto”, adujo Chaves en un mensaje para Esquivel. Y señaló que el juez penal Paul Fuentes, a quien citó como el que lleva el caso, deberá resolver sobre las medidas cautelares que pide la Fiscalía. Pero, anticipó que “no hay pruebas de ningún delito”.
“Estoy seguro que, la Fiscalía sabe que cometió un grave error, para ser generoso con ellos, al detener a doña Marta Esquivel”, afirmó.
“Qué fácil y qué cobarde es montarla en una perrera y enviarla a San José como si fuera una integrante de una banda de sicarios o un grupo narcotraficante”, apuntó con respecto a la forma en que se le trasladó desde Pérez Zeledón.
Cuestionó todo el manejo que se le dio al asunto, y se preguntó si era necesario esposarla, y ponerle grilletes para trasladarla a las celdas judiciales.
A su juicio, se hizo uso de violencia en contra de Esquivel, al recurrir a “una detención mediática”, porque bastaba llamarla a presentarse a la audiencia, y hubiera acudido.
Por ello, dijo, había un plan de la Fiscalía para “usar la fuerza del escándalo para amedrentarla a ella y al Gobierno”, amén de amedrentar a todos los funcionarios públicos.
“¿Será que en Costa Rica la justicia está politizada?, se preguntó aduciendo que es la misma justicia que no ha detenido a la exdefensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaun, pese a que a la fecha no hay ninguna orden de captura contra ella si bien fue sentenciada por varios delitos.
Adujo que es una maniobra torpe de quienes manejan a la Fiscalía General de la República y al Fiscal General.
Al preguntarle quién maneja al fiscal general, respondió que “yo no se quién maneja al fiscal. No tengo pruebas, no tengo dudas”, para reiterar que Rueda y Solano fueron los que empujaron su nombramiento.
“Fiscal, y quienes le controlan: ustedes deben combatir la corrupción… Pero no, esta acción que ustedes hicieron más bien es indicativo de una ola de revanchismo político”, afirmó el mandatario.
Aseguró que no va a permitir que se imponga el autoritarismo del fiscal. Y a su mejor estilo, le consultó al público si está listo para actuar como sociedad tras preguntarle “¿Qué va a hacer usted?”.
Según Chaves, la Fiscalía es hostil, y no aplica el principio de investigar para detener a alguien, sino que detuvo primero para investigar.
“Yo creo que Carlo Díaz tiene la obligación de explicarle a Costa Rica por qué se movió tan rápido en este caso”, apuntó el mandatario, agregando que debe rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica sobre otras causas que dan asco.
Insistió en cuestionar que no se ha actuado en casos como los de ALDESA o Coopeservidores, y otros casos en que se han denunciado eventuales hechos de corrupción.
“Si don Carlo no da las explicaciones, lo tienen que dar sus jefes”, adujo, al señalar que Paúl Rueda y Patricia Solano fueron los que impulsaron el nombramiento de Díaz.
Aquí en este caso no se cumplen los criterios para dictar la detención”, aseguró el mandatario al sostener que no había peligro de fuga y los documentos completos están en la Contraloría General de la República.
“¿Qué sigue, don Carlo, allanar mi casa, allanar mi casa, allanar a los ministros?”, se preguntó Chaves.
Dijo que a Rodríguez le cobran ser una mujer valiente que se ha enfrentado a los corruptos, mientras lo que quieren es un caos que afecte a 585 mil asegurados.
Citó los proyectos que la Caja tiene en lista y dijo que buscan frenarlos para afectar a la población.
Aseguró que el Gobierno respeta la división de Poderes, pero no va a felicitar a ni al Fiscal ni al director del OIJ, “porque tengo una duda que no es sospecha, de que aquí hay algo que huele muy mal”.
Agregó que hay miembros de la cúpula del Poder Judicial que son sirvientes de quienes gobernaron el país por 75 años.
“El Gobierno de la República no ha atacado a nadie. El Gobierno de la República responde a los ataques”, apuntó cuando se le preguntó qué pueden esperar los ciudadanos cuando entre los Poderes del Estado se pasan peleando.
Llamó a estar atentos, porque cree que este caso de la Caja se suma a los allanamientos en el Ministerio de Salud. Dijo que son malas señas.
No hay delito, sostiene Chaves
Ya sobre el fondo del asunto, Chaves señaló que la contratación no está en firme, pues la Contraloría General de la República está revisando la contratación. Por ello, no ha habido afectación a las finanzas de la Caja, pues no se ha gastado un solo cinco.
Añadió que ha habido “cuestionamientos seriesísimos” a los informes que establecen que hay sobre precio en las ofertas de las cooperativas de salud y la asociación a las cuáles se pretende entregar la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) por otros 10 años.
Además, apuntó que mientras el tema está en la Contraloría, no cabe la actuación de la Fiscalía, porque ni siquiera está en firme la adjudicación del contrato.
