El impacto que tendrá la regla fiscal en la educación costarricense en los próximos 10 años es uno de los temas que analiza el Estado de la Educación 2025, del Programa Estado de la Nación (PEN).
La regla fiscal está contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y según el Estado de la Nación, limita el crecimiento del gasto estatal con base en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
En el Estado de la Educación 2025 habrá un capítulo especial en el que se analizará la identificación de áreas prioritarias de atención que le permitan al país salir de la crisis educativa y mejorar los resultados en la próxima década.
“Se busca anticipar los retos y oportunidades que enfrentará el sector educativo costarricense en la próxima década, delineando la necesidad de reformas estratégicas y ajustes presupuestarios para alcanzar metas educativas ambiciosas en un entorno fiscalmente responsable”, detalla un comunicado del Estado de la Nación.
Entre el 2018 y el 2024, se ha dado una reducción sostenida y fuerte del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), pasando de un 7.4% a un 5.2% del PIB, respectivamente, preocupación que ha sido señalada por diversos actores como la Contraloría General de la República (CGR) y los sindicatos de la educación.
“Este retroceso financiero, notable desde la perspectiva constitucional que estipula un 8% del PIB para educación genera un desafío significativo para la sostenibilidad de la inversión en educación, agrega el comunicado.
Añade que, según proyecciones del Ministerio de Hacienda, se espera una reducción gradual de la deuda del Gobierno Central de 60.9% del PIB en 2024 a 36.3% en 2035, acompañada por un crecimiento promedio anual del PIB del 6.34%.
Esto se traduciría en que el presupuesto del MEP, para el 2029 podría rondar el 4.91% del PIB; es decir, se colocaría aún más por debajo de lo establecido por la Constitución Política.
“El análisis detallado revela que programas clave como la Implementación de la Política Educativa y Programas de Equidad sufrirán ajustes presupuestarios significativos, afectando la ejecución de políticas educativas estratégicas en el país.
La aplicación de la Regla Fiscal no es un fin en sí mismo. No está por encima de la Constitución, ni la elaboración de presupuesto es solo un ejercicio únicamente técnico. Al contrario, el gobierno y la Asamblea Legislativa tienen la posibilidad de establecer prioridades de inversión en aquellas áreas que se consideren estratégicas para el desarrollo nacional”, detalló el Estado de la Nación.
La organización agregó que “una Regla Fiscal aplicada con un enfoque exclusivamente fiscalista como hasta ahora plantea desafíos críticos para la educación en Costa Rica, limitando la capacidad del MEP para financiar programas esenciales y cumplir con mandatos constitucionales. La búsqueda de equilibrio entre sostenibilidad fiscal y mejora educativa emerge como un imperativo para las políticas futuras”.
También la Defensoría
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes investigará, de oficio, el presupuesto que tendrán los 18 Ministerios para determinar si la asignación presupuestaria para el 2025 lleva implícita o no recortes que puedan poner en aprietos programas sociales.
Además sumará al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que atienden a población en condición de vulnerabilidad.
“La alerta para la Defensoría de los Habitantes proviene ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal, pues el país debe seguir apostando a una inversión en el sistema educativo para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos”, detalló la Defensoría.
La semana pasada el viceministro de Planificación, Leonardo Sánchez, reconoció que el presupuesto del MEP del 2025 tendrá un recorte de ¢19.000 millones y que los programas de equidad social, como becas, transporte de estudiantes y comedores escolares, serían los afectados al no aumentar la cantidad de beneficiarios.
La Defensoría solicitó a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda el límite presupuestario máximo y el presupuesto aprobado del 2024 y del 2025 de cada entidad.
Asimismo, se le pidió a José Luis Araya, director general de Presupuesto el listado de instituciones públicas a las que se les haya realizado recortes a la asignación presupuestaria en comparación con el ejercicio fiscal del año 2024 y las razones de dichos ajustes.
