El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, confirmó su determinación de romper el monopolio bajo el cual se presta el servicio de inspección vehicular en el país desde que se estableció su obligatoriedad, en 2022.
La confirmación llega justo después que la Junta de Adquisiciones del Consejo de Seguridad Vial, a cargo de un proceso de precalificación abierto para filtrar oferentes para ese servicio, recomendó a la Junta Directiva de la entidad declarar infructuosa la gestión.
La< recomendación surgió luego que solo una empresa, APPLUS CR, superara el proceso de precalificación, según trascendió. De hecho, ni siquiera el operario actual, la empresa de capital alemán DEKRA, cumplió con los requerimientos establecidos en esta oportunidad.
Precisamente, desde el 28 de octubre del año anterior, DEKRA, se hizo cargo del servicio, luego del concurso abierto por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para encontrar un operador que lo hiciera bajo la figura permiso de uso en precario.
El plazo del permiso es de dos años, que vencen en octubre del 2024. De allí que se inició un proceso formal para buscar un operador definitivo, pero con un paso previo: la precalificación.
“Cuando uno precalifica, lo que uno quiere es limpiar para que sólo queden los que sí tienen capacidad suficiente y, con eso, reducir la etapa recursiva donde vienen apelaciones.
“Entonces yo pensaría que hay que volver a salir con precalificación y esperar que en esta ocasión precalifiquen más empresas. Parece que hubo errores a la hora de que presentaron sus ofertas”, externó Amador.
Más tiempo a DEKRA
El 15 de julio del 2022 venció el contrato que tenía el Estado con la empresa española RITEVE SyC y la administración anterior no realizó el concurso a tiempo para garantizar la continuidad del servicio, pese a las constantes alertas lanzadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Consultado sobre la posibilidad de ampliar el plazo a DEKRA de manera que siga operando bajo la figura del permiso en precario, Amador no la descartó.
“Por supuesto. El uso en precario es una potestad del Ministerio. Nosotros podemos ampliarlo discrecionalmente mientras logramos que haya un proceso transparente, equitativo y limpio donde se pueda dar una adjudicación por lo menos a dos empresas.
“La Contraloría y muchos otros entes han dicho que no puede haber un solo operador, sino que debe haber por lo menos dos”, aseveró Amador.
Applus CR es la empresa que cumplió con todos los requisitos del cartel de precalificación, mientras que DEKRA, que también participó, no logró avanzar hacia la fase de selección.
