42 personas detenidas, entre las cuáles destacan 13 funcionarios públicos, fue el resultado de un mega operativo desarrollado este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Todos ellos son sospechosos de participar en una organización criminal dedicada, aparentemente, al fraude registral y a la legitimación de capitales.
Según el informe del Ministerio Público, la organización está liderada por dos personas de nacionalidad española. Además, entre los 13 funcionarios públicos detenidos se encuentras, jueces, funcionarios judiciales, técnicos del Poder Judicial, y oficiales de tránsito, así como un funcionario del Consejo de Transporte Público.
También se vincularon a 12 abogados y notarios que, presuntamente, se encargaban de inscribir las distintas propiedades y bienes inmuebles movidas por la organización criminal
Las autoridades judiciales indicaron que la organización delictiva habría cometido movimientos fraudulentos en torno a unas 300 propiedades. La investigación inició luego de que se recibieran 24 denuncias y lleva ya 30 meses, con mucho cuidado para que no se filtraran detalles.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga, explicó la forma en que estas personas estarían materializando el fraude registral, y aclaró que no se encontró a ningún funcionario del Registro Público, así que los registros los realizaban de una forma correcta.
Según el director del OIJ, realizaban los movimientos económicos para legitimar los capitales mediante la compra de vehículos de alta gama que luego eran vendidos a una empresa. También usaban criptomonedas.
El OIJ conoció el caso de uno de los sospechosos que en un solo día registró movimientos de $13 millones de dólares mediante este método.
En la investigación trascendió que el modus operante era el de utilizar la falsificación de documentos para recurrir a sociedades mercantiles en desuso a fin de sustraer las propiedades.
Una de las 300 propiedades es una casa en Playas del Coco valorada en $30 millones de dólares.
El Fiscal general, Carlo Díaz mencionó que por el tipo de caso fue tramitado por la Fiscalía de Crimen Organizado. Por su magnitud, se nota que ya no estamos solo frente a casos de narcotráfico..
Limpiando la Casa
En conferencia de prensa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre aseguró que tiene un compromiso con Costa Rica, con la justicia y con la probidad. Es por ello "que contamos con rigurosos controles administrativos y mecanismos judiciales para detectar posibles focos de corrupción a lo interno de la institución", apuntó.
Según Aguirre, las acciones desarrolladas en los últimos días por el Ministerio Público y el OIJ, están marcadas por el respeto a los procedimientos establecidos en nuestro marco normativo. Y reflejan que los controles funcionan "y que actuamos diligentemente ante la sospecha de irregularidades. Reflejan transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas. Reflejan que tenemos cero tolerancias a la corrupción", sostuvo.
Para el jerarca de la Corte, la institución necesita mejoras por lo que en las próximas semanas revelarán un proyecto de reforma a la Ley del Régimen Disciplinario del Poder Judicial
Entre los cambios que desean implementar está cambiar el sistema de cálculo de plazos para evitar la impunidad. Además, permitir, con la debida autorización judicial, levantar el secreto bancario y utilizar intervenciones telefónicas practicadas en procesos penales, todo esto garantizando el debido proceso.
Aguirre dijo que se está trabajando en procura de que ingrese a la institución personal íntegro como parte de la mejora continua que se requiere.
Zúñiga sostuvo que de acuerdo con las estadísticas de la institución, los casos de los funcionarios públicos sospechosos de delitos en el presente año son similares con respecto al año anterior.
