Miembros de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunciaron que el Poder Ejecutivo busca controlar el órgano colegiado, a fin de aprobar aspectos o proyectos que son de su interés.
Se trata de Martha Rodríguez, representante sindical y José Luis Loría, del cooperativismo.
Indicaron que desde el año anterior el Poder Ejecutivo montó una persecución política contra 5 de ellos que se han manifestado opuestos a criterios de Casa Presidencial.
Cabe recordar que, en su momento, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció la destitución de 5 miembros de la junta directiva, por aprobar la ejecución del incremento salarial a los trabajadores de la CCSS el año anterior.
Los 5 directivos destituidos recurrieron a la Sala Constitucional para su reinstalación inmediata y se les dio la razón, por lo que debieron ser reinstalados en sus puestos, salvo el caso de Jorge Arturo Hernández, quien renunció.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo siguió con el proceso administrativo.
Para no pagar deuda
Al respecto, Rodríguez calificó como “sin precedentes” la persecución política de la que, dice, son objeto. Por ello exigió la detención del proceso y que el Consejo de Gobierno archive los casos a fin de devolverle a la entidad la gobernanza y la posibilidad de impulsar proyectos y cumplir con los mandatos de las organizaciones que representan.
En este sentido, dijo que este lunes se entregó, ante el Consejo de Gobierno un documento en que se solicita “un archivo inmediato y que se detenga ante todo la persecución, este juicio político que no tiene ninguna razón”.
Determinó que se ha dado una violación del proceso a lo largo del año.
Rodríguez recalcó que mientras los cinco directivos estaban destituidos, la junta directiva del momento decidió dejar de construir hospitales como el de Cartago, Golfito, el de Limón, áreas de Salud y Ebais, y se detuvo la compra de equipos importantes para la prestación del servicio.
“Lo que buscan con nuestra destitución, tanto la presidencia ejecutiva como el gobierno (sic) es no pagar la deuda del gobierno que llega ya a ¢3.2 billones que le deben y no devolverle a la CCSS los ¢1.7 billones que tiene la institución invertidos en el Ministerio de Hacienda, en títulos valores, que son para construir obras, insumos, equipos.
“Y lo que se pretende con esto es desviar la atención de lo que ha sido la improvisación y la incompetencia de la presidenta ejecutiva para dirigir esta institución”, afirmó Rodríguez.
¿Apéndice del Ejecutivo?
Por su parte, José Luis Loría, director representante del sector cooperativo, dijo que la Secretaría del Consejo de Gobierno es la encargada de hacer de órgano del debido proceso.
En su criterio, dicho órgano no es “imparcial ni transparente”, pues en ocasiones actúa como secretaría del Consejo de Gobierno y en otras como órgano administrativo del proceso, lo que genera “una mescolanza de competencias que hace espurio el proceso que se está llevando a cabo”.
Reclamó que, en la actualidad, el proceso se lleva de manera separada y no en grupo como estaba inicialmente, lo que considera ilegal.
“Lo que se está llevando a a cabo no es un debido proceso, sino un juicio sumario donde lo que se pretende es juzgar, políticamente, a los directores de la CCSS que pensamos diferente al gobierno (sic).
“Los directores de la CCSS, en cumplimiento de la Ley Constitutiva de la Caja sabemos que tenemos independencia de criterio con respecto al Poder Ejecutivo. Así lo dice la Ley Constitutiva de la CCSS”, reafirmó Loría.
Añadió a lo anterior que “las personas que han nombrado en sustitución de nosotros, cuando estuvimos suspendidos han generado una suerte de dinámica donde quieren que la Caja sea y termine siendo un apéndice del gobierno de la República (sic) y eso se nota por las decisiones que han tomado”.
Para ello, aseveró que el anuncio, del 14 de setiembre anterior, por parte de la Presidente Ejecutiva de la CCSS, de construir el nuevo hospital de Cartago en terrenos del Instituto Tecnológico de Cartago, no contó con ningún fundamento ni tiene ningún estudio en ejecución, aspectos que calificó como “un monumento a la ocurrencia”.
Adujo que el "juicio sumario" que se les sigue es por pensar diferente a los criterios del Poder Ejecutivo.
“Cuando se quiere que la CCSS se convierte en un apéndice del gobierno de la República (sic), como lo está haciendo la Presidenta Ejecutiva, hay un incumplimiento de deberes y una transgresión clara al mandato de la Ley Constitutiva y de la autonomía de la CCSS”.
A esto agregó que “el gobierno está empeñado en que, de aquí a noviembre, destituir a los cinco directores para de nuevo poner a personas afines y subalternas del gobierno (sic). Ni somos subalternos del gobierno ni somos empleados del gobierno. Somos directores independientes y, por tanto, hemos dicho más de una vez, que el gobierno no tiene competencia para juzgarnos”.
Se le consultó a Loría si acudirán a la Sala Constitucional para que analice si la junta directiva tenía la potestad de aprobar el aumento salarial a los empleados de la CCSS, a lo que respondió que sí, pero que van a esperar la resolución que emita la secretaría del Consejo de Gobierno.
