Una demanda laboral que ronda los ¢9.000 millones, tiene en zozobra a los jerarcas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), pues no disponen de la totalidad de los recursos para hacerle frente a un eventual pago.
Sucy Wing Ching, Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, explicó que se trata de un reclamo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP), en año que no precisó, cuando la administración acordó el aumento del porcentaje del aporte estatal al Fondo de Ahorro de los trabajadores de la institución. La aportación aprobada pasó del 5% al 8%.
Este incremento, recalcó Wing, se incluyó en la petición de ajuste de tarifas presentado por JAPDEVA a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), pero esta última lo rechazó al señalar que no se podía financiar mediante tarifas.
De acuerdo con Wing, el monto del principal es de ¢3.800 millones, pero al sumarse los intereses y la indexación correspondiente, alcanza los ¢9.000 millones. En su intervención señaló que “es muy preocupante porque el esfuerzo que estamos haciendo no va a valer de nada”.
El reclamo ya pasó la etapa del Contencioso Administrativo donde el juez dictaminó que se debe reconocer al Sindicato los ¢3.800 millones. “Ellos (el sindicato) lo apelaron y dijeron que es más dinero, entonces hay un recurso de apelación”, reiteró Wing.
La situación fue expuesta ante la Comisión Limón, en la Asamblea Legislativa, donde la funcionaria reconoció que existe preocupación y molestia, pues las administraciones anteriores no tomaron acciones para anular el acuerdo.
Reserva insuficiente
“En los estados financieros ya hicimos una reserva para hacerle frente a esto, pero jamás podemos decir que tenemos la plata total. Apelo a ustedes porque estamos haciendo los máximos esfuerzos para levantar JAPDEVA.
“Si nos llega la demanda y no tenemos la plata no me imagino lo que puede pasar”, recalcó Wing.
Martha Carballo, diputada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) consultó a la ejecutiva quién era el presidente ejecutivo en su momento, pero tampoco pudo precisarlo, pero que le enviará la información requerida.
Cuando Carballo le preguntó quién era el presidente ejecutivo en aquella oportunidad, Wing respondió que no se acordaba, pero que enviará la información. Sostuvo que están analizado si se puede demandar a las personas que, en su momento fueron omisas, y que permitieron que la acción tomara fuerza hasta llegar a los montos actuales.
“Estas personas tuvieron la irresponsabilidad de no actuar a tiempo para dejar sin efecto ese acuerdo, lo dejaron vivo y automáticamente le generó al sindicato el derecho”, agregó Wing.
