México, México. (AFP). La polémica reforma judicial que propone la elección popular de jueces en México dio su primer paso este miércoles en el Congreso, con la amplia aprobación de la Cámara de Diputados, a pesar de protestas de trabajadores de ese sector y críticas de la oposición y Estados Unidos.
Tras casi 12 horas de discusión, el proyecto del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador fue aprobado por 359 votos del oficialismo y sus aliados contra 135 de la oposición, con lo que reunieron los dos tercios necesarios para reformar la carta magna.
"Felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el poder judicial", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.
En un debate posterior de casi seis horas, los legisladores debatieron más de 600 observaciones en una sesión que concluyó por la mañana y dio por terminado el trámite en Diputados. Ahora la iniciativa será enviada al Senado.
La maratónica sesión inició la tarde del martes en un polideportivo de Ciudad de México, debido a que el edificio legislativo fue bloqueado por trabajadores del poder judicial que están en huelga contra la reforma desde hace dos semanas.
Se espera que el proyecto sea discutido de manera expedita en el Senado para ser votado posiblemente la próxima semana impulsado por el oficialismo, que necesita sólo un escaño en dicha cámara para completar los dos tercios.
Enfrentamiento con el poder judicial
Esta iniciativa ha desatado duras protestas de la oposición y del poder judicial, con empleados y jueces en paro desde la semana pasada.
Los trabajadores de la Suprema Corte se sumaron desde este miércoles al cese de labores, mientras que los ministros del pleno decidieron el martes suspender dos sesiones de esta semana. La entrada del recinto amaneció con las puertas cerradas y cubierta de cintas para impedir el paso.
La propuesta también ha generado tensiones con Estados Unidos, que advierte que "amenaza" la relación comercial regulada por el T-MEC -tratado donde también participa Canadá- y sería un "riesgo" para la democracia mexicana, pues considera que el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces.
Los magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, serían elegidos mediante listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sus detractores aseguran que ese mecanismo erosionará la independencia judicial.
El presidente López Obrador, cuya popularidad ronda el 70%, impulsa la reforma pues sostiene que jueces y ministros favorecen la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales.
Sin embargo, la principal destinataria de sus críticas es la Suprema Corte de Justicia del país, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad.
López Obrador acusa a los jueces del máximo tribunal de haberse convertido en aliados de la oposición y de tener ingresos por encima de lo legal.
