En 2025 el Poder Judicial contará con un presupuesto de ¢521.023 millones, lo que representa un crecimiento de 2,7% (+¢13.655 millones) con respecto al presupuesto del presente año.
No obstante, el director de planificación del Poder Judicial, Allan Pow Hing, señaló a los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativo que varios rubros se quedaron sin contenido presupuestario.
En esa línea, Pow detalló que son específicamente tres reformas legales, cuyo costo es de ¢2.592 millones, y otras 9 necesidades que requerirían de ¢53.601 millones.
El presidente del Poder Judicial, el Magistrado Orlando Aguirre, manifestó que han hecho los ajustes necesarios para alinearse a la situación fiscal del país.
Al mismo tiempo, recalcó que el presupuesto se construyó de manera consensuada con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, reconoció que hay gastos que no quedaron cubiertos.
Por otro lado, Aguirre destacó que el 81% del presupuesto se destinará a remuneraciones y gastos ordinarios.
Explicó que el porcentaje refleja la implementación del salario global, la creación de nuevas plazas para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, así como las dos nuevas jurisdicciones especiales de familia y agraria.
El Magistrado también detalló que hay partidas que crecen de manera significativa, siendo una de ellas la de servicios de ingeniería, arquitectura y terreno. Lo atribuyó a la construcción del complejo judicial en el cantón de Buenos Aires y la adquisición de un terreno en Limón.
Asimismo, destacó el fortalecimiento en la asignación para útiles y materiales de resguardo y seguridad, así como equipos de comunicación. Acotó que es para fortalecer la seguridad con cámaras y otros implementos para el funcionamiento del OIJ.
Para el 2025 el presupuesto del Poder Judicial se dividirá en 35% al servicio jurisdiccional, 23% al OIJ, 19% al ámbito Administrativo, 11% para el Ministerio Público, 8,5% a la Defensa Pública, 2,1% al programa de atención y protección de las víctimas y testigos; y 0,5% al Fondo de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial.
Ministerio Público con faltante de más de 250 plazas
El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, reconoció que el Ministerio Público tiene muchas carencias.
En esa línea, manifestó que la carga de trabajo por fiscal es bastante alta, de aproximadamente 250 expedientes para cada uno.
Añadió que, las carencias podrían conjuntarse en 4 ramas específicas: narcotráfico y crimen organizado, delitos de corrupción y contra la función pública, delitos de violencia de género y delitos informáticos.
Díaz solicitó a los diputados que se considere, de manera extraordinaria, dotar de más plazas al Ministerio Público.
Según indicó el Fiscal General, de acuerdo con un estudio que hizo el Departamento de Planificación, el ministerio cuenta con una deficiencia de más de 250 plazas entre profesionales y auxiliares.
OIJ solicitó 350 plazas para investigación y soporte para la investigación
Por su parte, el director del OIJ, Randall Zúñiga, también solicitó a los diputados la creación de más plazas, ya que, según la Dirección de Planificación, se requieren 1.200 investigadores a nivel nacional.
Sin embargo, manifestó que evidentemente no van a pedir el 100%, pero si un punto medio.
“De tal forma, yo si quisiera dar una cifra. Son 350 personas, para investigación al menos 120 y se requiere para la parte de soporte para la investigación 230 personas”, expresó Zúñiga.
Explicó que soporte para la investigación incluye ingenieros para peritajes, personal para cárceles, personal para huellas, archivo criminal, entre otros.
“Yo si les quisiera pedir, extraordinariamente, esas 350 plazas. Tiene un costo aproximado menor a ¢10.000 millones”, indicó Zúñiga.
