Un Plan Regulador permite identificar como se conforma la comunidad, sus fortalezas y debilidades, y qué se puede hacer para mejorarla. Por ello es importante que los cantones cuenten con uno, señaló Marco Antonio Zúñiga, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos
El plan detalla sobre dónde se pueden construir edificaciones comerciales o residenciales para que no afecten el recurso hídrico y no exista el peligro de que se encuentren en zonas de riesgo, así como prever inundaciones y el colapso del sistema de alcantarillado.
Por lo anterior, el Colegio externó su preocupación ante el hecho de que el 50% de los 84 cantones que conforman el país carecen de un Plan Regulador que permita ordenar los espacios urbanos en relación con las necesidades de desarrollo sostenible.
Según datos de la institución, de las 84 municipalidades solo el 20% tiene un Plan Regulador vigente, otro 17% está en proceso de elaboración y 18% está en proceso de actualización.
Al mismo tiempo, señalaron que más del 50% de los planes reguladores existentes presentan entre 16 y 43 años de antigüedad, lo que expone a cada comunidad a un caos en el corto plazo.
“Resulta urgente intervenir la metodología de actualización que se maneja hoy día, contemplando que los cambios demográficos, sociales, económicos, ambientales y demás temas relacionadas directamente con el ordenamiento territorial, cambian a gran velocidad, por lo que resulta inconcebible tener instrumentos de planificación tan desactualizados”, expresó Zúñiga.
Proponen crear una comisión
Si bien un Plan Regulador no resuelve todas las problemáticas de un cantón, con consenso puede lograr que el desarrollo de la comunidad sea ordenado y sostenible con el medio ambiente.
Por ello, desde el Colegio proponen la integración de una Comisión Paritaria de Planes Reguladores que revise y modifique la metodología de elaboración y actualización.
En esa línea, Zúñiga puntualizó que una metodología obsoleta como la actual genera ineficiencia y retraso en la elaboración y aprobación de los planes, por lo que una comisión especializada podría optimizar los procesos administrativos, reduciendo tiempo y costos asociados.
“No es posible que el tiempo promedio para la aprobación de un Plan Regulador en Costa Rica dure entre 9 y 11 años, lo que significa que cuando se aprueba ya se encuentra desactualizado”, expresó el presidente del Colegio.
Participación ciudadana
Por otro lado, Zúñiga considera que es fundamental que los procesos de planificación urbana sean transparentes y cuenten con la participación ciudadana, asegurando que los diferentes actores de la comunidad “sean escuchados y considerados en la toma de decisiones y el desarrollo que se quiere de su comunidad”.
Agregó que, de esa forma, se pueden conocer cuáles son los problemas del cantón, qué puede mejorar la planificación territorial, dónde y cómo.
Además, eso evitaría descontentos sociales como los ocurridos en Pérez Zeledón, San Carlos y Belén.
