Tras conocer las medidas cautelares dictadas contra la presidenta ejecutiva, la gerente general y tres directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los sindicatos de la entidad no ocultaron su satisfacción.
El juez penal de Hacienda, a cargo de la audiencia de medidas cautelares en el denominado caso Barrenador, suspendió de su cargo a Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la CCSS, por seis meses.
La misma medida aplica para la gerente, María de los Ángeles Gutiérrez y los directivos María Isabel Camareno, Zeirith Rojas y Johnny Gómez.
A ellos se les investiga por la adjudicarles a cuatro cooperativas de salud y un hospital privado, la administración de 138 Equipos Básicos de Asistencia Integral en Salud (EBAIS) en 10 Áreas de Salud en el Área Metropolitana.
El secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Lenín Hernández manifestó que la justicia debe establecer las responsabilidades en una situación en que hay presuntas irregularidades.
“Nos parece excelente que se dicten estas medidas cautelares a Marta Eugenia Esquivel y a otras personas porque esto le va a permitir al Ministerio Público seguir investigando con libertad y sin el riesgo de la manipulación de la prueba o algún otro tipo de obstaculización.
“Estamos que ante esta situación de la licitación, que no tiene precedente alguno en la historia de la Caja, que sin adelantar criterios, en donde existen presuntos actos de corrupción, la justicia llegue a sentar las responsabilidades legales de quienes incurrieron en estos aparentes actos”, afirmó Hernández.
Instó al Consejo de Gobierno a que nombre a las personas idóneas en la Junta Directiva de la CCSS -presidencia ejecutiva, representantes del Estado-, para tomar las decisiones correctas y oportunas para la reducción de las listas de espera.
“Requerimos que también los sectores empresarial y laboral tengan ese compromiso con la seguridad social del país, porque con la vida y la salud de los costarricenses no se juega”, apuntó Hernández.
Poro su parte, el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), Luis Chavarría agregó que la organización recibió con beneplácito las medidas cautelares.
"Esto garantiza la protección de las personas que han tenido el valor, dentro de la institución, de venir a denunciar estos supuestos actos de corrupción. Pero, a la misma vez, viene a reforzar que esta investigación tiene que hacerse a profundidad y, además, muy respetuosamente le solicitamos a los juzgados, que ojalá este caso pueda concluirse de la mejor manera posible y lo más pronto", mencionó Chavarría.
Chavarría reseñó que se ha dado un despilfarro de recursos en la adjudicación de los 138 EBAIS, en 10 Áreas de Salud. "Con esta compra de estos servicios privados es escandaloso pero a la misma vez es de la plata que ustedes como trabajadores, como familia, que costarricenses también aportamos para la existencia de esta gran institución pública, sin fines de lucro, que hoy está siendo amenazada por los grandes intereses económicos costarricenses".
Tanto UNDECA como SINAE, presentaron denuncias penales contra el acto de adjudicación del 6 de julio anterior, en los que alertaron sobre posibles anomalías y la afectación económica que la decisión generaría.
Además de la suspensión de sus cargo, el juez dictó otras medidas cautelares contra los investigados, entre los que están no tener ningún tipo de contacto, perturbar o molestar a ninguno de los 11 testigos de la causa ni influir, de ninguna manera, con la licitación cuestionada.
El 23 de setiembre anterior, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 28 allanamientos en relación con este caso.
