Presidenta de la CCSS denuncia a Contralora General por salario
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunció a la la contralora general, Marta Acosta, pues en su criterio, el salario que percibe esta funcionaria es superior a los ¢5.565.000 que dispone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).
La denuncia fue presentada por Esquivel en el oficio PE-0439-2024, remitido a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, el 7 de febrero anterior. Se produce en el marco de una confrontación que inició desde el 19 de diciembre anterior, cuando la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Junta Directiva de la CCSS, ajustar el salario de Esquivel al tope máximo establecido por la ley 9635.
La jerarca de la Caja recibe ¢7.158.484 por mes. Por ello, la CGR también ordenó que la institución recupere los montos girados de más- ¢1.593.484 por mes-, así como cargas sociales, aguinaldo y Fondo de Capitalización Laboral (FCL), entre otros, según el oficio DFOE-DEC-3200.
En sus alegatos, Esquivel presentó una certificación emitida por la propia CGR donde se constata el salario de Acosta. Fue solicitada por ella misma el 24 de enero anterior. Allí se constata que entre el 8 de mayo y el 31 de diciembre del 2023 la contralora devengó un salario de ¢5.740.000 mensuales.
Eso, en criterio de Esquivel, “evidencia que dicha remuneración no se adecua lo señalado por la Contraloría General de la República en el DFOE remitido a la Junta Directiva de la CCSS ni a lo que dispone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“Es por lo expuesto, que atentamente me permito hacer de conocimiento del directorio de la Asamblea Legislativa estas consideraciones, con el objetivo de que sean ‘revisadas y se indique si, de conformidad con los argumentos y hechos señalados, existe una disonancia entre lo ordenado por la Contraloría General de la República y lo que aplicó dicho órgano para fijar el salario de la Contraloría General, que supera el tope que pretende imponer al puesto del Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social”, afirmó Esquivel en un documento de 9 páginas.
¿Quebranto constitucional?
Añadió, que “estas actuaciones del ente contralor, a criterio de la suscrita, quebrantan la aplicación de los principios constitucionales de congruencia, razonabilidad y proporcionalidad, así como los elementos esenciales del acto administrativo de motivo, objeto, fin y forma”.
La Junta Directiva de la CCSS acordó acatar la orden emitida por la entidad fiscalizadora, pero sigue pendiente definir el mecanismo para el cobro de los dineros pagados de más a la jerarca.
La dificultad radica en que Esquivel recurrió a tres miembros del área social del órgano colegiado y la renuncia de uno de los representantes empresariales, impide que haya quorum.
Mientras esto ocurre, Esquivel sigue percibiendo los más de ¢7 millones por mes.
Ha insistido, ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, que está dispuesta a hacer la devolución de los dineros pagados de más, pero no ha hecho las gestiones, de oficio, ante la Dirección de Administración y Gestión de Personal, para hacer el cálculo de la suma a devolver.
También puso en la mira el pago bisemanal que hace la CCSS. En su caso, indicó que se le paga un salario mensual de más por año y que, como ella, esa situación podría darse con otros funcionarios de la institución.