Investigados aguardan medidas cautelares

Decomisan dinero, celulares y pruebas documentales en caso Barrenador

El allanamiento y decomiso de prueba seguía en las instalaciones centrales de la CCSS. Foto: Sócrates Colindres.
photo_camera El allanamiento se mantiene en las instalaciones centrales de la CCSS. Foto: Sócrates Colindres.

A raíz de los 28 allanamientos efectuados por la adjudicación de los contratos para la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) a un grupo de cooperativas de salud con supuestos costos excesivos, los fiscales del Ministerio Público y los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron los celulares de los ocho investigados, dinero y prueba documental, así como digital.

En este caso denominado por la Fiscalía como caso Barrenador, de hecho se mantiene el allanamiento en la Dirección de tecnologías de Información y Comunicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El proceso de indagatoria a los detenidos finalizó este lunes, a las 9:00 p.m. Pero, por ahora, se mantiene la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Hacienda. Ello, en medio del malestar de varios de los abogados defensores de las personas investigadas, que alegan que no había necesidad de detenerlas durante los allanamientos.

Los abogados estiman que perfectamente el Ministerio Público pudo citar a cada una de las personas para realizar la indagatoria. Rodrigo Araya, uno de los defensores, sostuvo que todos tienen trabajo, tienen arraigo y podrían haberse sometido al proceso sin problemas.

Los detenidos son integrantes y exintegrantes de la Junta Directiva de la CCSS, así como la gerente general interina de la entidad.

  • La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel.
  • Los directivos: Zeirith Rojas, Johnny Gómez, María Isabel Camareno y Jorge Porras.
  • La gerente general interina: María de los Ángeles Gutiérrez.
  • Los exdirectivos: Roberto Quirós y Jorge Luis Araya.

A ellos se les investiga por los supuestos delitos de influencia a la Hacienda Pública, tráfico de influencias y falsedad Ideológica.

Este caso se tramita bajo el expediente 24-000267-1218-PE.