La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, fue detenida la mañana de este lunes, en la Fiscalía de Pérez Zeledón, donde se presentó después de conocer sobre una serie de allanamientos en relación con una denuncia por posibles sobreprecios en la contratación de las cooperativas que administran los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS).
Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), a cargo de una serie de 28 allanamientos que se practican desde las 6:00 de la mañana en las casas de los sospechosos y en las oficinas centrales de la Caja.
La Fiscalía sospecha que estas personas pudieron cometer delitos como influencia contra la hacienda pública y tráfico de influencias, lo cual está en investigación.
Según informaron en el Ministerio Público, hasta el momento se encuentran detenidos tres directivos identificados como Isabel Camareno, representante del Estado; Zeirith Rojas y Johnny Gómez, ambos que representaron al sector patronal, además del exdirectivo Jorge Luis Araya, del sector patronal.
También, Jorge Porras, del sector estatal, quien renunció la semana pasada y termina se gestión el miércoles 25 de setiembre de 2024.
A ellos se une Marielos Gutiérrez, jefa de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, y Roberto Quirós, exgerente de la CCSS, que renunció a la Junta Directiva para ocupar este último cargo, en que no duró mucho.
También están siendo allanadas las casas de los gerentes de Coopesalud, Coopesana, Asemeco, Coopesain y Coopesiba, que se beneficiaron de un nuevo contrato de servicios con la entidad aseguradora, según acuerdo reciente de la Junta Directiva.
La operación con la que se pretende recopilar toda la información disponible en torno al proceso de licitación de los servicios de salud de los EBAIS y la posterior adjudicación por parte de la Junta Directiva de la Caja, operación a las 6:00 a.m. y se efectúa en 28 lugares.
La contratación es por 10 años, por un monto de¢471.000 millones y las organizaciones sindicales del sector denunciaron posibles sobreprecios en los contratos, por los cuales la CCSS pagará mas de ¢3.800 millones mensuales.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
“Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de ¢12,400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio”, infirmó la Fiscalía.
Añade el comunico que “las autoridades judiciales presumen que miembros de esa Junta Directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos”.
La Fiscalía también indaga el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años. "Sin embargo, este se confirió por 10 años".
Auditorías remitió informe
El 6 de julio anterior, la Junta Directiva de la CCSS, adjudicó a las cooperativas de salud contratos para dar el servicio en 138 EBAIS, pese a que diferentes instancias a lo interno de la institución recomendaron declarar la licitación como infructuosa, debido a los sobreprecios identificados.
Luego, en agosto, la Auditoría Interna de la CCSS remitió un oficio a la Fiscalía de Anticorrupción dada la contratación de las cooperativas de salud. Estas atienden las comunidades de Escazú, Santa Ana, San Francisco, La Carpio, San Sebastián-Paso Ancho, Desamparados 2, Tibás, San Pablo y Barva, los cuales abarcan a una población de 580.000 habitantes.
Según la Auditoría, llamó la atención que varios directivos solicitaron hacerle cambios al cartel.
“(…) en atención a solicitudes planteadas por miembros de la Junta Directiva de manera informal, se procedió a efectuar cambios al pliego de condiciones correspondientes a la compra 2023LY-000002-0001101142, lo anterior, con la finalidad de dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años; así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de la garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en caso de ser adjudicado con más de una partida”, dice el oficio de la Auditoría.
Luego de la adjudicación, tanto el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) como la Unión Nacional de Empleados de la CCSS (UNDECA), presentaron denuncias ante la Fiscalía señalando presuntos sobreprecios en los contratos. Según ellos, por año rondarían los ¢20.000 millones. También denunciaron posible tráfico de influencias
