Reforma tributaria podría “terminar desincentivando la actividad productiva”

El proyecto de ley que pretende fortalecer el control tributario (expediente 23.759) genera preocupación entre los empresarios agrupados en la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR); y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Así lo afirmó Sergio Capón, presidente de la CICR, y representante en ejercicio de UCCAEP ante la ausencia de la presidenta de esa entidad, Maritza Hernández, ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

El dirigente apuntó que las reformas que pretenden determinar en cualquier empresa un grupo económico que sea considerado por las deudas de otras “atentan contra el principio de libre organización de los factores productivos y supone un riesgo muy alto que podría terminar desincentivando la actividad productiva”.

Asimismo, indicó que las propuestas que se hacen para que los accionistas respondan solidariamente por las deudas fiscales de las sociedades, aún si son socios pasivos, podrían convertirse en un obstáculo para las empresas que cotizan o quieren cotizar en bolsa.

Además, manifestó que por esta vía se estaría creando una presunción de culpabilidad para derivarles responsabilidad en las deudas, lo que consideran inconstitucional.

“La CICR y UCCAEP no ven razón para una medida tan drástica que lejos de generar confianza en los agentes económicos, podría conducir a una afectación de la inversión y creación de nuevas empresas”, comentó Capón.

Otra preocupación para las entidades son las disposiciones propuestas en los artículos 113, 114 y 144 ter, los cuales permitirían que, sin la intervención de un juez, funcionarios de las dependencias del Ministerio de Hacienda ingresen a recintos privados o confisquen documentación, inventarios o activos.

Eso, “en el marco de procesos de fiscalización que pueden ser sesgados y arbitrarios. Y presuponen de ante mano que los fiscalizados son culpables de evasión fiscal”, expresó Capón.

Código de Normas cuenta con las herramientas necesarias

El dirigente empresarial considera que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, al cual el proyecto plantea una reforma parcial, ya cuenta con las herramientas suficientes para atacar el fraude, acceder a recintos privados, obtener información y sancionar fuertemente las resistencias a los controles.

Al mismo tiempo, manifestó que la Dirección General de Tributación ya puede incluso obtener información bancaria de los contribuyentes, pudiendo acusar en sede penal por delitos de fraude fiscal.

“No se identifica la necesidad de implementar las herramientas que se proponen. Y por el contrario, nos preocupa el efecto que esto pueda tener sobre los contribuyentes que formalmente y con profunda responsabilidad cívica, pagan los impuestos correctamente”, manifestó el presidente de la CICR.

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, le consultó a Capón si él considera que aquellos empresarios que hacen las cosas bien se verán afectados con el proyecto.

El dirigente le indicó que si, ya que, “este proyecto básicamente presume que todos los empresarios son evasores”.

Añadió que, los traslados de responsabilidades que se hacen no son consecuentes con el régimen que ha seguido el país.

Asimismo, German Morales Martínez, representante de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), señaló que el artículo que permite el embargo de bienes o allanamiento del contribuyente en una auditoria, un proceso donde no se tienen todos los hechos, puede perjudicar el prestigio de este ante un “mal entendido”.

Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó estar de acuerdo con los representantes respecto a que la Administración Tributaria tiene las herramientas y elementos suficientes. Acotó que, desde su perspectiva, lo que ha faltado es eficiencia por parte de esa sección.