SINAE denuncia sobreprecio y tráfico de influencias en contratos de EBAIS
“Para nosotros, en la política no hay casualidades. Efectivamente, el día viernes 5 de julio, el CONACOOP se reúne con la ministra de la Presidencia y ahí aprueban abrazar la ley Jaguar. A partir de ahí se dan salidas en la Junta Directiva, como la del señor José Luis Loría que abiertamente contrapuso sus posiciones con la del Poder Ejecutivo (…) Al día siguiente, de forma atropellada, la Junta Directiva sesiona y le da esa adjudicación a las cooperativas de salud, por lo que creemos que hay elementos suficientes para que el Ministerio Público haga esa línea investigativa”, afirmó Lenín Hernández, secretario general del SINAE.
El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE) presentó una denuncia penal contra Marta Esquivel y María de los Ángeles Gutiérrez, presidenta ejecutiva y directora de Proyección de Servicios de Salud, ambas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por posibles irregularidades en la adjudicación a las cooperativas de salud de los servicios de Equipos Básicos de Asistencia Integral en Salud (Ebais).
Los supuestos delitos en los que habrían incurrido ambas funcionarias son malversación de fondos y tráfico de influencias. La gestión fue presentada este lunes, ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), del Ministerio Público.
Según explicó Lenín Hernández, secretario general del SINAE, en sesión de Junta Directiva de la Caja, el 6 de julio anterior, se adjudicó la licitación sin que ese órgano tuviera el quorum estructural requerido.
Además, Gutiérrez, habría presentado un informe que no contó con el aval de las gerencias Médica, de Logística ni la Financiera ni de la Dirección Jurídica, entre otros, por el sobrecosto que superaría los ¢19.570 millones anuales.
El plazo de la contratación es por 10 años, por lo que se les pagará ¢200.000 millones adicionales.
Más caro pero misma cobertura y mismos servicios
Hernández comentó que desde hace más de un año se debieron de haber adjudicado los 138 Ebais de las 10 áreas de salud, pero se optó por integrar una comisión en la que participaron integrantes de la junta directiva: Roberto Quirós Coronado, Juan Ignacio Quirós, Marta Esquivel y la representante de las cooperativas, Isabel Camareno. “Desde ahí se viene sesgando el proceso de licitación porque cambiaron las condiciones del cartel”, dijo.
“Esta denuncia está tipificada por tráfico de influencias y por malversación de fondos, porque en diferentes instancias, una vez que participaron los distintos oferentes, se observó un sobreprecio a la hora de adjudicar esos 138 Ebais.
“Estamos hablando de una cifra significativa. Casi ¢20.000 millones al año, donde no hay un aumento de los servicios, no hay un aumento de la cobertura, no hay un aumento en la eficacia y en la atención integral del paciente”, afirmó Hernández.
Sostuvo que los costos de las contrataciones para la CCSS, pasaron de ¢30.000 mil millones a ¢50.000 millones, lo que representa un alza del más de 60%, para los mismos servicios. Por ello considera injustificable el aumento de precio porque no se les ofrecerá a los más de 580.000 beneficiarios servicios de salud adicionales y tampoco se ampliará la cantidad de población a atender.
Detalló que los montos que se pagarán de más equivalen a la construcción de otros establecimientos requeridos por la población, por ejemplo, 80 Ebais nuevos en el país o la edificación y equipamiento del nuevo hospital para Limón.
“Estamos exponiendo quién se vería favorecido al momento de crear una comisión y, sobre todo, la forma en que se adjudicó, porque resulta ser que, de manera atropellada, doña Marta Eugenia Esquivel sesiona un sábado, a las 8:00 a.m. sin contar en el quorum estructural y legal correspondiente y, aunado a ello, un informe preparado por doña María de los Ángeles Gutiérrez que se avocó la representación de toda esta comisión para justificar o no la adjudicación y, a través de este informe maquillado, indujo a error a la Junta Directiva y toman la decisión de estas adjudicación, misma que se encuentra en el Ministerio Público y la Contraloría General de la República”, aseveró Hernández.
Agregó que se presentó una denuncia ante el presidente de la República, Rodrigo Chaves, a fin de que, a nivel de Consejo de Gobierno, se abra un procedimiento administrativo disciplinario contra la jerarca de la CCSS.
Recordó que, cuando se dio el escándalo de corrupción CCSS-Fischel, el perjuicio económico fue de ¢5.600 millones y que ahora es casi cuatro veces más por año el perjuicio que tendrá la entidad.
Por ello, externó que dentro de la pretensión con la denuncia penal y la solicitud formulada al presidente Chaves es que se revierta la decisión tomada por la junta directiva.
No hay casualidades
Hernández llamó la atención de que, el 5 de julio anterior, es decir, un día antes de la adjudicación a las cooperativas de salud, los dirigentes del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) dieron el aval al proyecto de ley Jaguar, en una reunión en la que estuvo presente la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.
“Para nosotros, en la política no hay casualidades. Efectivamente, el día viernes 5 de julio, el CONACOOP se reúne con la ministra de la Presidencia y ahí aprueban abrazar la ley Jaguar. A partir de ahí se dan salidas en la Junta Directiva, como la del señor José Luis Loría, que abiertamente contrapuso sus posiciones con la del Poder Ejecutivo (…)
“Al día siguiente, de forma atropellada, la Junta Directiva sesiona y le da esa adjudicación a las cooperativas de salud, por lo que creemos que hay elementos suficientes para que el Ministerio Público haga esa línea investigativa”, recalcó Hernández.