Ejecutivo sacrifica inversión social por deuda pública
“La función de la política social es acompañar a las poblaciones pobres y vulnerables hasta que salgan de esa condición. Entonces, la inestabilidad en la inversión social pública se traduce en una inestabilidad en las condiciones de vida de estas poblaciones”, afirmó Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación.
Pese a que se considera que la inversión social es crucial para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, lo cierto del caso es que cada vez el Poder Ejecutivo invierte menos en ese objetivo.
La Inversión Social Pública (ISP) ha sufrido una serie de altibajos entre el 2020 y el 2022, que se traduce en una volatilidad significativa y una disminución en su prioridad dentro del gasto público total, según lo remarca el reciente Informe Estado de la Nación 2023.
El Informe señala que, la ISP sufrió una contracción en 2020, tuvo una recuperación parcial en 2021 y experimentó otra disminución en 2022.
Educación, salud y protección social fueron los sectores que más reducciones mostraron y, por consiguiente, tuvieron un menor impacto en contribuir al el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En este sentido, las disminuciones por área fueron las siguientes:
- -4,6% por persona en educación
- -3,6% en protección social (pensiones y programas selectivos)
- -2% en salud
Según el informe, en el 2023 la ISP real por habitante fue de ¢293.000, un monto menor al registrado en 2019, cuando se invirtieron ¢297.000.
Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación comentó que esa reducción en la inversión social puede comprometer el desarrollo humano de la población.
“Parte de las medidas de ajuste fiscal han sido, por ejemplo, la priorización del pago del servicio de la deuda sobre la inversión social que ha sido la principal damnificada y lo que vemos es que el gasto público en educación, protección social y en salud ha disminuido en el último año”, recalcó Morales.
Recordó que la contracción en el ISP viene desde hace varios años atrás. Morales llamó la atención en que, desde 1980, la inversión social pública sólo ha crecido un 20%, pues en ese año, el país invertía ¢244.000 por persona.
Niñez y adolescencia los más afectados
De acuerdo con Morales, los grupos que se ven más afectados con estos recortes de presupuesto en el área social son, sin duda, la niñez y la adolescencia.
“Porque cuatro de cada 10 menores de edad viven en hogares en condiciones de pobreza y muchos de estos hogares dependen de, por ejemplo, la educación pública, de la red de cuido, de las becas y otros programas. Y, por lo tanto, recortarlos puede poner en riesgo la acumulación de capacidades de esta población que está creciendo con estas carencias”, explicó Morales.
El año pasado, 456 mil menores de 18 años vivían en hogares pobres. La alta tasa de pobreza entre esta población se debe a una combinación de factores, que incluyen empleos e ingresos insuficientes y el tamaño del hogar (generalmente viven más niños y niñas), entre otros.
El Informe señala que, crecer en condiciones de pobreza tiene implicaciones importantes sobre el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional de una persona en el resto de su vida, lo cual se traduce en un menor desarrollo humano para el país.
En un panorama de crecientes brechas sociales y altos niveles de violencia, el Informe reitera que existen tres razones fundamentales para que el Estado fortalezca la inversión en estos grupos vulnerables:
- En la actualidad no todos los servicios tienen cobertura universal
- Los servicios de calidad no necesariamente son asequibles
- Ahora existen necesidades que décadas atrás no existían.
“La función de la política social es acompañar a las poblaciones pobres y vulnerables hasta que salgan de esa condición. Entonces, la inestabilidad en la Inversión Social Pública se traduce en una inestabilidad en las condiciones de vida de estas poblaciones”, concluyó Morales.