Juez suspende por seis meses a Presidenta Ejecutiva de la CCSS

El Juez Penal de Hacienda ordenó la suspensión, por seis meses, a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, en el marco de una investigación en torno a la adjudicación de 138 Equipos Básicos de Asistencia Integral en Salud (EBAIS) a cuatro cooperativas de salud y un hospital privado.

Junto a Esquivel, también se ordenó la suspensión del cargo para tres miembros de la Junta Directiva:

• Zeirith Rojas, vicepresidente de la Junta Directiva y representante patronal.
• María Isabel Camareno representante del Estado
• Johnny Gómez, representante patronal.

Tras la decisión, ahora se deberá recomponer temporalmente la Junta Directiva de la Caja, a fin de que tenga quórum estructural y pueda seguir sesionando y tomando decisiones.

 A tres exdirectivos no se les impusieron medidas cautelares: Roberto Quirós, Jorge Luis Araya a Jorge Porras.

Lo que procede es que el Poder Ejecutivo designe a una nueva persona que ocupe la presidencia ejecutiva tras la suspensión de Esquivel, así como otro representante para suplir a Camareno.

Además, el sector patronal deberá buscar a dos sustitutos.

A raíz de las medidas dictadas por el juez, la Junta Directiva de la CCSS queda actualmente con cuatro miembros, los cuales representan a los sectores patronal, sindical, cooperativismo y solidarismo.

“El Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José impuso por el plazo de 6 meses la suspensión del cargo en contra de 5 personas de apellidos Camareno, Gómez, Rojas, Esquivel y Gutiérrez, así como las medidas de no tener ningún tipo de contacto, perturbar o molestar a ningún testigo de la causa, ni influir de ninguna manera con la licitación cuestionada.

“Respecto a los imputados de apellidos Quirós, Araya y Porras no se les impuso ningún tipo de medida. La causa se sigue bajo el expediente 24-000267-1218-PE”, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Las medidas se extienden también a la gerente general de la entidad, María de los Ángeles Gutiérrez, cuyo nombramiento apenas había quedado en firme en medio de la audiencia de medidas cautelares que siguió a la detención inicial de los investigados en esta causa.

La resolución del juez, que se tomó casi dos semanas para analizar el expediente, se dio a conocer luego de que Esquivel y los demás miembros de la Junta Directiva, sesionaron y aprobaron la prórroga del fideicomiso inmobiliario de la CCSS con el Banco de Costa Rica.

El fiscal general, Carlo Díaz, dijo que le satisface la decisión del juez, dado que así se demuestra que las actuaciones del Ministerio Público estuvieron a derecho.

Denuncia de Auditoría Interna

A los implicados en el denominado caso Barrenador, se les investiga a partir de una denuncia interpuesta por la Auditoría Interna de la CCSS, el 10 de julio anterior, y en el que se solicitó a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) determinar si existen irregularidades en el proceso de adjudicación, ante la detección de posibles sobreprecios en las ofertas adjudicadas.

También la Contraloría General de la República remitió información de una investigación de carácter confidencial que realiza y que se sumó a la acción penal.

Sindicatos de la entidad se sumaron a las denuncias sobre eventuales precios excesivos en las ofertas adjudicadas para los servicios de salud que se darán a más de 585.000 personas en el Área Metropolitana.

Tanto el Área de Adquisiciones, como la Dirección Financiero Contable, y las gerencias Financiera, Médica y de Logística, señalaron los precios excesivos y recomendaron declarar infructuosa la licitación. Pese a la advertencia , la Junta optó por apartarse de esos informes y acoger uno rendido por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, que concluyó que se podía proceder a la adjudicación.

El 23 de setiembre anterior, la Fiscalía en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizó 28  allanamientos, tanto en  las casas de habitación de los implicados como en la sede central de la CCSS.

Según la Fiscalía, el perjuicio económico por la contratación equivale a ¢12.400 millones anuales, lo que se traduce en ¢124.000 millones en 10 años.

La FAPTA presume que “los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”.

También indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, ya que la Ley de Contratación Pública dispone que no puede superar los cuatro años, y en este caso es 10 años.

Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.

A los investigados se les atribuyen los posibles delitos de afectación a la Hacienda Pública y de tráfico de influencias.