Congreso rechaza investigar salario de Contralora General

Improcedente. Así se resume la gestión presentada por Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ante el Directorio de la Asamblea Legislativa para investigar el salario de la contralora general, Marta Acosta.

La respuesta categórica fue emitida por Fernando Campos Madriz, director del Departamento de Servicios Técnicos, en el oficio AL-DEST-OFI-018-2024 remitido al presidente del Poder Legislativo, Rodrigo Arias.

El 7 de febrero anterior Esquivel envió una nota a Arias en la que cuestiona el salario de Acosta. En su criterio, la Contralora recibe un monto más alto al establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Salarios de la Administración Pública.

Del análisis de Servicios Técnicos se determina que la rendición de cuentas que deben hacer los jerarcas de la Contraloría General de la República (CGR) “es sobre el cumplimiento de sus funciones y no sobre aspectos reservados al control de legalidad, tal como lo puede ser la fiscalización, del régimen salarial aplicable a las personas que laboran en dicha institución o bien el salario que actualmente devenga la señora Contralora General, lo que excede el alcance de la citada norma”. Eso, en referencia a lo que establece la Constitución Política.

Total independencia

Ante el informe, Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, indicó que si bien es cierto que la CGR es un órgano adscrito al Poder Legislativo “tiene total independencia”.

La CGR es un órgano auxiliar del Poder Legislativo y se encarga de fiscalizar el uso correcto de los fondos públicos y es una instancia de consulta del marco de legalidad sobre diferentes proyectos de ley que se tramitan en el seno legislativo.

“Por consiguiente, consideramos que no era procedente la petición que ella nos hacía y le contestamos que avalábamos en todo el pronunciamiento de Servicios Técnicos y que no era factible lo que estaba solicitando”, afirmó Arias.

Entre otros aspectos, Servicios Técnicos remarcó:

• La Contraloría General de la República es una institución con raigambre constitucional y cuenta con independencia funcional y administrativa.
• El escrito que la señora Esquivel Rodríguez dirige al Directorio Legislativo plantea un tema salarial, que es de índole legal, y cuya resolución compete a la Contraloría General de la República, quien para ello goza de independencia funcional y administrativa.
• La denuncia que se eleva al conocimiento del Directorio de la Asamblea Legislativa, para que la resuelva, es improcedente, porque el objeto de esa denuncia reside en aspectos estrictamente ligados al control de legalidad de actos propios de la Contraloría General de la República en materia salarial, control que es ajeno a dicho cuerpo colegiado.
• Con fundamento en las razones jurídicas y técnicas expuestas, esta asesoría recomienda, respetuosamente, que el escrito presentado por la Señora Esquivel sea devuelto por considerado improcedente, con base en lo dispuesto por el artículo 30.6 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Fuerte resistencia

Esquivel entró en una pugna contra la CGR, a raíz de que, el 19 de diciembre anterior, emitió una resolución, luego de una investigación realizada por denuncia anónima, en la que ordenó a la Junta Directiva ajustar el salario de la Presidenta Ejecutiva, al tope máximo de la administración pública, debido a que estaba recibiendo más de lo establecido.

La CGR señaló que el salario de Esquivel debe ser ¢5.565.000 y no los ¢7.158.848, y exigió al máximo órgano contralor cobrar las sumas pagadas de más desde que la funcionaria ingresó a la entidad, así como aguinaldo, Fondo de Capitalización Laboral (FCL), Salario Escolar y otros.

Desde entonces, Esquivel ha ejercido una campaña de resistencia contra la devolución de esas sumas.

La Junta Directiva acordó, desde principios de enero del 2024 acatar la orden de la CGR, pero no ha podido establecer el mecanismo de cobro -pese a que la Dirección Jurídica tiene el planteamiento para proceder- pues Esquivel recurrió a tres de los miembros del órgano colegiado y todavía queda por juramentar a un representante patronal, aspectos que han impedido que se cuente con el quorum para sesionar.