Funcionario no identificado borró correos electrónicos en la Caja
Los Peritos de la Sección Especializada de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron a sus superiores que un funcionario desconocido de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) borró correos electrónicos de un imputado durante la diligencia judicial en el caso barrenador.
Se trata del allanamiento a las oficinas centrales de la Caja que comenzó el pasado lunes por orden del Juzgado Penal de Hacienda. Concretamente, en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CCSS, se inició el respaldo de las cuentas electrónicas de los sospechosos en el caso Barrenador.
La investigación tiene que ver con presuntas anomalías en la adjudicación de una licitación a cuatro cooperativas y una asociación médica para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) en 10 áreas de salud.
Según el procedimiento, se deshabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios imputados en esta causa, y fue en la mañana del miércoles cuando el Perito de la Sección Cibercrimen, informó de la supuesta comisión del delito.
De acuerdo con lo informado por los agentes, al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, se encontró la violación al proceso de resguardo en una de las cuentas (perteneciente a uno de los hombres), precisa el reporte.
En las pesquisas realizadas por los forenses de informática encontraron, al revisar la bitácora, que en la sincronización de archivos, había cuatro elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico.
En el OIJ determinaron que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario el cual se encontraba en periodo de vacaciones hasta el lunes 30 de setiembre.
Los agentes judiciales sospechan que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas.
La revisión interna de los puertos de acceso indican que se realizó dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago.
Para el OIJ este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios.
Desde el Organismo de Investigación Judicial señalan que van a trabajar para recuperar la información eliminada. Incluso, se solicitará asistencia internacional para que no quede impune este tipo de situaciones.